Japón más cerca de una moratoria para la pena de muerte

Tokio.-  El nuevo Gobierno de Yukio Hatoyama abrirá un "debate público" sobre la pena de muerte en Japón, que las asociaciones defensoras de los derechos humanos esperan implique una moratoria de las ejecuciones.

Japón es con EEUU el único país desarrollado que mantiene en su sistema legal la pena de muerte, que se aplica siempre en la horca, en secreto y sin aviso previo al preso, entre fuertes críticas de los activistas pero con un mayoritario apoyo ciudadano.

En 2008 quince presos fueron ejecutados y en lo que va de año son ya siete pero ésto podría cambiar con la nueva ministra de Justicia, la abogada progresista Keiko Chiba, integrante de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte y detractora de este sistema.

En unas declaraciones muy medidas horas después de asumir ayer su cargo, Chiba abogó hoy por "un amplio debate público" sobre la pena capital, y dijo que gestionará "con extremo cuidado" esos casos que "afectan a la vida de las personas" y competen a su cartera.

Keiko Chiba es una abogada especializada en derechos humanos y senadora ex socialista que incluyó en su propia página web la pena capital entre la lista de cosas que le gustaría eliminar durante el siglo XXI, aunque reconoce que evita crímenes.

"Es una buena amiga nuestra", aseguró hoy a Efe un portavoz de Amnistía Internacional (AI), que se mostró satisfecho con las primeras declaraciones públicas de la ministra pues "recogen todas nuestras preocupaciones".

"Esperamos que Chiba pueda introducir una moratoria para iniciar un debate público" que acabe desembocando en la abolición del este castigo en Japón, indicó ese portavoz de AI.

La última moratoria, aunque oficiosa, se produjo entre octubre de 2005 y septiembre de 2006 debido a que el entonces ministro de Justicia, Seiken Sugiura, era budista y se opuso a firmar sentencias de muerte.

Varios miembros del nuevo Gobierno de Hatoyama, que asumió el poder ayer, favorecen la desaparición de la pena capital del sistema jurídico nipón, como el ministro de Asuntos Financieros, Shizuka Kamei, presidente de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte.

En su manifiesto electoral, el Partido Democrático de Hatoyama pidió una revisión del máximo castigo mientras sus dos aliados, el Partido Social Demócrata (PSD) y el Nuevo Partido del Pueblo (NPP) de Kamei, son favorables a una moratoria.

En su comparecencia ante la prensa, Chiba afirmó esta madrugada que hay un debate sobre la abolición o el mantenimiento, y que muchos expertos se inclinan por la introducción de condenas de por vida.

AI asegura que las condiciones en que se aplica la pena capital en Japón favorecen que el prisionero del "corredor de la muerte" (actualmente hay 102 personas) sufra una enfermedad mental pues son "crueles, inhumanas y degradantes".

En un informe publicado días antes de que Hatoyama asumiese el poder, Amnistía relató que a los condenados a muerte no se les permite hablar entre ellos, el contacto con sus familias puede reducirse a cinco minutos y deben quedarse sentados en sus celdas, con la amenaza de que "cada día puede ser el último".

Una de las características de la pena de muerte en Japón es la poca información de la que se dispone, más allá de que se aplica mediante la horca y en siete de las 75 cárceles del país. No hay testigos, no hay grabaciones y no se sabe nada de los verdugos.

La Federación de Asociaciones de Abogados de Japón ha pedido repetidamente una moratoria que permita "revisar el sistema" y "contención" a la hora de aplicar un castigo censurado por la Unión Europea (UE).

Tras una de las últimas ejecuciones, esa Federación opinó que "los temas de derechos humanos no deben decidirse por la opinión pública o por los votos".

El anterior Gobierno siempre destacaba que la opinión pública nipona apoya en más de un 80 por ciento las ejecuciones para los casos de sangre en Japón, un país donde la inmensa mayoría de sentencias son también condenatorias.