Lima.- Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) de Perú sobre las reglas de empleo de la fuerza por parte de los militares en Perú generó hoy una fuerte polémica en el país, aquejado por los recientes atentados mortales de Sendero Luminoso.
El TC declaró inconstitucional el artículo 7 de la Ley 29166, que establece que, "en caso necesario, el personal militar puede hacer uso de la fuerza letal" en situaciones de emergencia y de apoyo a la policía, como las que se presentan en la selva central peruana por la presencia del terrorismo y el narcotráfico.
El fallo señaló que el uso de la fuerza letal por los militares debe sujetarse a la Constitución y los tratados internacionales, y emplearse solamente en circunstancias excepcionales y mediante una advertencia previa.
El primer ministro peruano, Javier Velásquez Quesquén, descartó que la decisión ate de manos a las Fuerzas Armadas, mientras que el vicepresidente peruano, el vicealmirante retirado de la Marina Luis Giampietri, arremetió contra la resolución del TC a una demanda presentada por 31 congresistas.
En declaraciones citadas por Andina, Velásquez Quesquén explicó que el TC declaró inconstitucional parte de la polémica ley "para que el Congreso la desarrolle y la adecúe en función de los convenios de Naciones Unidas".
"En las próximas semanas adecuaremos el proyecto de (el uso de la fuerza letal por) las Fuerzas Armadas", afirmó.
El órgano constitucional pidió al Congreso que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en situación de estado de emergencia y de sitio, así como aquellas enmarcadas en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas.
Por su parte, el vicealmirante retirado Luis Giampietri, también legislador del oficialismo, consideró "absurdo" que, como consecuencia del fallo, los soldados tengan que advertir en un combate contra narcotraficantes o terroristas que depongan su actitud antes de disparar.
"Creo que el tribunal está desfasado y que esta decisión no le hace ningún bien a las Fuerzas Armadas", dijo hoy a la agencia estatal Andina.
A la indignación de Giampietri se sumó el legislador Rolando Souza, de la alianza del ex presidente peruano Alberto Fujimori, que anunció una acusación constitucional contra los magistrados del TC por su decisión.
Perú aún no cura las heridas dejadas por los años del terrorismo entre 1980 y 2000, que se saldaron con unos 70.000 muertos (la mayoría a manos de Sendero Luminoso) y actualmente es escenario de constantes ataques de los remanentes del grupo maoísta.
Los remanentes senderistas (que desconocieron el alto el fuego de su máximo líder, Abimael Guzmán, en 1992) actúan en alianza con el narcotráfico en el Valle de los Ríos Aurímac y Ene (VRAE) y el Huallaga, principales productores de hoja de coca y cocaína del país.
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