Valencia.- El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha afirmado hoy que no tiene previsto acudir a la manifestación convocada el 17 de octubre en Madrid contra la nueva ley del aborto, aunque ha defendido que "no vale la pena" modificar la normativa y que lo que se propone "no es constitucional".
Camps se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido en el Palau de la Generalitat con la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, para tratar sobre la situación de la gripe A.
El president ha señalado que, aunque no es legislador en las Cortes generales ni se trata de una competencia del Parlamento autonómico valenciano, como ciudadano cree que la legislación sobre el aborto, "tal y como está, ha funcionado bien gobernando" el PSOE y el PP, y por tanto "no vale la pena su modificación".
Ha añadido que, como político, cree que "en dos generaciones el aborto será algo que formará parte del pasado, de la prehistoria", y como padre le "dolería muchísimo" que sus hijos no le preguntasen sobre esta cuestión, porque entonces "habría fracasado como padre".
Camps ha añadido que, como persona que ha estudiado Derecho, cree que lo que se propone "no es constitucional", pero en cualquier caso ha insistido en que no es legislador y por tanto difícilmente su opinión tiene una directa vinculación con lo que se tenga que abordar en el debate que se ha abierto en este país.
Por su parte, la ministra de Sanidad ha afirmado que es "evidente" que no comparte la opinión de Camps sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo y sobre salud sexual y reproductiva que ha presentado el Gobierno con el objetivo de "mejorarla" tras veinte años de aplicación.
Jiménez ha destacado que, una vez conocidos los "fallos" y las "lagunas" y las "inseguridades más importantes", se ha querido hacer una ley similar a las del resto de países de nuestro entorno, una ley de plazos que dé "mayor garantía" a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo y una "mayor seguridad" a los profesionales.
La ministra ha indicado que respeta todas las decisiones que se puedan plantear en el escenario político, pero se ha mostrado convencida de que una ley que tiende sobre todo a mejorar las garantías y la seguridad es "una ley buena per se" y "un paso adelante".
Jiménez ha reivindicado además que la parte principal de la ley es la relativa a la salud sexual y reproductiva, con medidas para que haya una buena educación sexual y se pueda acceder a métodos anticonceptivos, dado que existen muchos embarazados no deseados, sobre todo en mujeres jóvenes.
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