Washington.- Un grupo sin fines de lucro exigió hoy al Gobierno de EE.UU. en una demanda judicial detalles acerca de presuntos contratos con periodistas a los que habría pagado para que informaran sobre el juicio contra cinco agentes de la inteligencia cubana en Miami en 2001.
En la demanda, presentada por el Fondo de la Alianza para la Justicia Civil, el grupo afirma que la Oficina de Transmisiones a Cuba (BBG) del Gobierno de EE.UU. posiblemente violó leyes federales que prohíben la propaganda interna.
Según una portavoz del Comité Nacional para la Liberación de los Cinco Cubanos, representada por la alianza, la demanda fue presentada porque la BBG "ilegalmente no reveló información específica sobre contratos pagados por el Gobierno con los periodistas" que publicaron materiales negativos para Cuba e influyeron en el caso de los cinco agentes.
"El público tiene derecho a saber en qué medida el Gobierno de EE.UU. pagó encubiertamente a periodistas que escribieron historias vinculadas al caso...las que habrían influido en el jurado", añadió.
Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino, Gerardo Hernández y René González fueron condenados por un jurado de Miami, ciudad donde se concentra la mayor parte de la diáspora cubana, por su participación en la llamada "Red Avispa" de espionaje, desmantelada en el sur de Florida en 1998.
Los cinco cubanos fueron declarados culpables de "conspirar y operar como agentes extranjeros sin notificar al Gobierno estadounidense" y condenados a penas de entre 15 años de prisión y cadena perpetua.
Gerardo Hernández, cabecilla de la red de espionaje, fue uno de los sentenciados a cadena perpetua por colaborar en el derribo de dos avionetas del grupo del exilio cubano, "Hermanos al Rescate", incidente en el que murieron cuatro de sus pilotos.
Los cubanos admitieron durante el juicio que eran agentes del Gobierno de La Habana, pero afirmaron que espiaban a "grupos terroristas de exiliados que conspiran contra el presidente Fidel Castro" y no al Gobierno estadounidense.
Según los antecedentes de la demanda, tras el arresto de los cubanos el 12 de septiembre de 1998, y durante el juicio, los medios de información de Miami crearon una "atmósfera hostil" en la ciudad a través de los diarios, la televisión y la radio.
Desde entonces, agrega, se dio a conocer que muchos de los periodistas de Miami que afirmaban ser independientes eran pagados por el Gobierno de EE.UU. a través de la Oficina de Transmisiones a Cuba y la BBG, bajo la cual operan Radio y TV Martí.
Añade que por ley, la BBG tiene prohibido financiar propaganda interna y pagar a periodistas para que publiquen sus materiales en medios del país.
Más aún, dice, si el Gobierno de EE.UU. financió, como parece, a periodistas para que escribieran "historias incendiarias y falsas" acerca de los agentes que probablemente influirían al jurado durante el juicio "se plantearían graves cuestionamientos sobre mala conducta oficial y privación del derecho a un juicio justo".
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