Sevilla.- El grupo de trabajo parlamentario sobre las leyes de régimen local ha acordado hoy con los votos del PSOE e IULV-CA y la abstención del PP-A el dictamen que servirá de base al Gobierno andaluz para redactar estas normas que fijarán un nuevo marco jurídico y político y establecerá competencias y financiación.
El pasado 3 de junio se constituyó en el Parlamento andaluz un grupo de trabajo formado por los tres grupos con representación en la Cámara con el objetivo de elaborar un dictámen que el Gobierno andaluz tomará como base para redactar las leyes de régimen local y de cesión de tributos a las corporaciones locales, previstas para el primer semestre de 2010.
Tras meses de negociaciones, el grupo de trabajo ha logrado esta mañana cerrar un acuerdo en el que coinciden en gran parte el PSOE-A e IULV-CA y, en menor medida, el PP-A, que ha decidido abstenerse, aunque comparte parte de la filosofía del contenido del informe.
El principal escollo residía en que tanto el PP-A como IULV-CA querían que las entidades locales percibieran una parte de los ingresos de la comunidad, y no sólo de los tributos -como recoge el Estatuto de Autonomía-.
Al final, el grupo de trabajo ha solucionado el entuerto sustituyendo la palabra tributos por la de recursos, a propuesta de IULV-CA, quien de este modo ha podido dar su visto bueno al dictamen.
De este modo, la formulación final del informe en este asunto es la siguiente: "Se trata de ordenar y regular el rico, variado y amplio mundo local, resolviendo su situación competencial y ordenando la participación en los recursos de la comunidad autónoma, en el marco del Estatuto de Autonomía, con el objetivo de alcanzar la suficiencia financiera de las entidades locales".
Para el PP-A, hacer referencia a la participación de los recursos dentro del marco del Estatuto es, en realidad, decir tributos, y no ingresos, que es lo que demandan los populares, quienes piden una interpretación "amplia" del texto estatutario.
El motivo, según ha explicado a los periodistas la diputada del PP-A, Lola Rodríguez, es que la participación en los tributos de la comunidad no resuelve el problema financiero que padecen los ayuntamientos.
Otro de los motivos por los que el PP-A se ha abstenido es, según Rodríguez, que no han sido aceptadas ninguna de las once recomendaciones de los populares y que tampoco se ha aprobado ninguna medida coyuntural de apoyo urgente a las corporaciones locales hasta que se ponga en marcha la ley.
De este modo, el PP-A presentará votos particulares al dictamen antes de que termine el plazo fijado por el grupo, que expira el próximo lunes a las 12:00 horas, con la confianza de que terminen incorporándose a la elaboración de la norma y, por ejemplo, "el PSOE-A reaccione y termine aceptando la participación de los entes locales en los ingresos y no sólo en los tributos".
Por su parte, el diputado de PSOE-A, Fernando Martínez, que se ha mostrado "satisfecho" con que el informe no haya recibido ningún voto en contra, ha explicado que no se puede hablar de participación en los ingresos porque el Estatuto, en su artículo 192, habla de tributos, al tiempo que ha recordado que los populares apoyaron la reforma estatutaria.
A pesar de que IULV-CA ha dado su conformidad al texto, su líder, Diego Valderas, ha anunciado que su formación presentará -al igual que el PP-A- votos particulares en relación a la orientación que debe tener la suficiencia financiera y el establecimiento de cuáles son las competencias propias, compartidas y delegadas.
En lo que sí han coincidido los tres grupos es en reconocer que los ayuntamientos han estado asumiendo competencias que no les son propias y que le han supuesto un esfuerzo económico, aunque IULV-CA no ha conseguido que el PSOE-A acepte una mención expresa a la deuda histórica que según la coalición mantiene la Junta con los ayuntamientos.
Además, los tres grupos han coincidido en pedir al Gobierno que la nueva ley tenga reflejo económico y presupuestario en 2010 y que remita a la FAMP y a las fuerzas políticas el texto de la norma en el mismo momento que sea remitido al Consejo Consultivo para su dictámen para facilitar el mecanismo de diálogo y negociación.
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