Lima.- Parte del aporte voluntario que entregan las mineras peruanas para luchar contra la pobreza será destinado a la lucha antiterrorista, tras los recientes atentados perpetrados por Sendero Luminoso en el Valle Apurímac y Ene (VRAE), dijo hoy el jefe del Gabinete de ministros, Javier Velásquez Quesquén.
"Parte de estos recursos (de las mineras) se van a redireccionar para modernizar los equipos, potenciar la acción nuestra en esa zona", principal productora de hoja de coca y cocaína del país, indicó Velásquez Quesquén en declaraciones a Canal N de televisión y citadas por el portal del diario El Comercio.
Las principales mineras del país se comprometieron en diciembre de 2006 a dar un aporte voluntario de 2.500 millones de soles (853 millones de dólares) hasta el 2011, cuando culmine el mandato de García.
El primer ministro indicó que se ha contemplado que, de los 570 millones de soles (194 millones de dólares) que se asignarán a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en 2010, se destinará una partida de 290 millones (unos 99 millones de dólares) para "la parte militar y policial" en el VRAE, aunque no precisó el monto de al contribución minera.
El Gobierno "está reperfilando la estrategia (en esa zona), promoviendo la intervención del Estado a través de la dimensión socio-económica", afirmó Velásquez Quesquén en otras declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP).
La estrategia fue anunciada en noviembre de 2006 para combatir al denominado "narcoterrorismo" en el VRAE, donde operan carteles de la droga y los llamados "remanentes" de Sendero Luminoso, que desconocieron el alto al fuego ordenado por el fundador de esta organización, Abimael Guzmán, tras su captura en 1992.
Este anuncio se da en medio de las fuertes críticas por parte de varios analistas y opositores quienes consideran que ha fracasado el plan en ese valle, donde ya han muerto medio centenar de policías y militares en varios ataques de Sendero perpetrados en los últimos meses.
Velásquez Quesquén desestimó que el VRAE sea declaró como "zona de combate", tal y como lo propuso la semana pasada el primer vicepresidente peruano, el vicealmirante retirado y legislador Luis Giampietri.
El presidente del Consejo de Ministros subrayó que declarar ese área como "zona de combate", lo que implicaría retirar a la población civil de la zona, es "no entender que el narcotráfico tiene tentáculos fuera de este espacio territorial".
También reiteró que la estrategia en ese valle es "flexible" y que el Gobierno la reperfilará "asignando recursos para la intervención social y económica" y aseguró que se derrotará al terrorismo y al narcotráfico por medios democráticos.
El presidente peruano se reunió ayer en Palacio de Gobierno en Lima con el Consejo de Defensa Nacional, que contó con la presencia de Velásquez Quesquén, así como varios ministros y los más altos mandos militares y policiales.
La reunión se convocó después de que tres soldados murieran y cinco resultaran heridos en el derribo el miércoles pasado en el VRAE por parte de Sendero de un helicóptero militar que iba en rescate de otros tres heridos en otro ataque perpetrado la víspera por los terroristas.
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