Madrid.- Técnicos del Ayuntamiento de Madrid analizarán un centenar de páginas web en los próximos tres meses para asegurar que la publicidad y contratación de bienes y servicios por vía electrónica carece de irregularidades.
Un equipo de diez personas llevará a cabo esta campaña de control e inspección de venta por Internet y revisará los contenidos de las páginas web pertenecientes a empresas domiciliadas en el término municipal de Madrid, comprobando la adecuación a la normativa vigente.
En anteriores campañas se registraron altos índices de irregularidades: el 73,3% de las páginas vistas en 2006, cifra que se incrementó en 2007 hasta el 81,9%.
Las principales deficiencias detectadas en 2007 se debieron a que el 46,6% de los proveedores no indicaba el número de identificación fiscal correspondiente, el 21,6% no indicaba el nombre o denominación social; el 50% no indicaba al consumidor el derecho de desistimiento que le asiste.
Otro 42,3% de las páginas no incluían el plazo de validez de la oferta y del precio; el 21,6% de las páginas visitadas contenían leyendas o cláusulas que son abusivas o vulneran los derechos de los consumidores; el 16,5% no informaba sobre los gastos de entrega y transporte cuando dichas cantidades se cobran.
Un 14,9% no hacía constar la información sobre las modalidades de entrega del producto comprado; el 12,5% no indicaba la forma de pago, y el 8,6% no informaba de forma correcta sobre el precio total que ha de satisfacer el consumidor.
Así, la nueva campaña incidirá, sobre todo, en comprobar la identificación del responsable de la oferta y del bien o producto de servicio a fin de que el consumidor pueda dirigirse a él ante cualquier incidencia que se produzca.
Por ello la inspección verificará si consta la identidad del titular de la actividad y su domicilio.
Los técnicos consideran que al no realizarse la compra de manera presencial puede ocurrir que el consumidor una vez que tenga el artículo en su casa compruebe que no responde a sus necesidades, ya sea porque lo que compró no tiene nada que ver con la imagen que se ofrece en la red, o simplemente porque se arrepienta de la compra efectuada.
En la mayoría de este tipo de ventas el comprador tiene derecho a desistir de la compra, siendo obligación del responsable de la venta el enviar al consumidor cuando se ejecute el contrato el documento de desistimiento, en el que se le otorga al consumidor un plazo de siete días hábiles como mínimo para poder revocar el contrato.
La inspección comprobará si se envía dicho documento y si se realiza conforma a lo establecido legalmente.
Los inspectores verificarán si el responsable de la página pone a disposición del consumidor la posibilidad de hacer reclamaciones sobre el servicio prestado, informándole de la dirección del establecimiento del vendedor donde el consumidor puede presentar su reclamación.
Otros aspectos de la campaña se refieren a la obligación de que se incluyan las características de los productos y de los servicios, que se informe de las modalidades de entrega o ejecución, que conste el plazo de validez de la oferta y del precio y que se informe de las garantías comerciales si se trata de bienes de carácter duradero.
También se verifica que figuren siempre los precios totales y las modalidades de pago, que no exista publicidad falsa o engañosa que pueda inducir a error al consumidor y que se expidan justificantes de pago correctos.
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