Buenos Aires.- El gobierno argentino, la oposición y los sindicatos aeronáuticos se pelean por la forma en que se debe gestionar la deficitaria Aerolíneas Argentinas, que pese a la anunciada expropiación aún pertenece al grupo español Marsans.
La opositora Unión Cívica Radical, segunda fuerza parlamentaria del país, sostiene que la situación financiera de la compañía es "grave" y denuncia una supuesta "malversación" de los millonarios fondos públicos que el Estado destina para mantener operativa a Aerolíneas Argentina y a su "hermana menor" para vuelos domésticos Austral.
Según el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, Aerolíneas registró en el segundo trimestre del año pérdidas de unos 32 millones de dólares mensuales por "irregularidades en la administración".
Morales asegura que hay un "despilfarro" de los fondos que el Estado derivó a Aerolíneas, que suman unos 600 millones de dólares desde julio de 2008, cuando se hizo cargo de la administración de la empresa, hasta julio pasado.
Pero mientras la oposición denuncia que "el gobierno está llevando a Aerolíneas a una muerte natural", el presidente de la compañía, Mariano Recalde, afirma que, en realidad, el Estado "se hizo cargo de un herido de muerte, al que está intentando salvar" y que hoy está "en terapia intensiva".
Recalde, quien se puso al frente de la empresa en julio y admitió que la compañía tuvo un déficit operativo de 56 millones de dólares ese mismo mes, ha invitado al titular del radicalismo a presentar sus denuncias por supuesta malversación ante la Justicia.
"Aprovechar las dificultades de la compañía para hacer campaña política es una bajeza indigna", dijo recientemente el directivo, que busca poner en marcha un plan de ajuste de gastos, mejorar la calidad del servicio y modernizar la deteriorada flota de Aerolíneas y Austral.
La crisis global y los efectos de la pandemia de gripe A en el turismo han golpeado a la compañía, que además enfrenta problemas de imagen entre los usuarios por las cancelaciones y demoras en los vuelos.
En todos los casos, el sindicato de pilotos de Aerolíneas y el gremio de los técnicos se cruzaron acusaciones sobre la responsabilidad de los incidentes.
Estos cruces esconden el enfrentamiento que desde hace tiempo mantienen los sindicatos de técnicos y de pilotos de Aerolíneas por marcar el rumbo de la empresa.
A esta riña se suma una vieja divergencia entre el sindicato de pilotos de Aerolíneas y el gremio de los pilotos de Austral.
Fuentes del sindicato de pilotos de Austral dijeron a Efe que pretenden que las compañías sean separadas completamente, ya que, a su criterio, Austral es "mucho más eficiente, menos conflictiva y con una mejor situación financiera que Aerolíneas".
Pero para los pilotos de Aerolíneas, esta "expresión de deseo" esconde la intención de los trabajadores de Austral de que la compañía, una vez disgregada, vuelva a manos privadas, aunque esta vez sean capitales argentinos.
"Parece que algunos quieren volver atrás. La historia demostró que la privatización fue ruinosa", dijo a Efe el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Jorge Pérez Tamayo.
El dirigente sindical expresó su apoyo a los planes de Recalde para recortar gastos, lo que ha supuesto la cancelación de parte de la instrucción obligatoria de los pilotos, y afirmó que aunque la nueva gestión está "bien encarada", lleva el lastre de "una mala administración heredada", con gerentes de la era Marsans aún en funciones.
"Lo que nosotros queremos es la estatización", recalcó Pérez Tamayo, quien no encuentra explicación para las demoras en el juicio "sumario" que en febrero pasado inicio el Estado para expropiar Aerolíneas a Marsans y que prácticamente no ha avanzado.
El resto de los siete sindicatos que representan a los 9.300 trabajadores de la línea aérea está alineado con los pilotos de Aerolíneas en la concreción definitiva de la estatización, una medida que impulsó el gobierno de Cristina Fernández y fue convalidada por el Parlamento en noviembre pasado, pero que aún está en veremos.
Aerolíneas Argentinas, fundada en 1950, fue privatizada durante el Gobierno de Carlos Menem y pasó a manos de Iberia en 1990.
En 1996 su gestión fue cedida a la aerolínea estadounidense American Airlines, de donde pasó, un año más tarde, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España.
En medio de la crisis financiera de la compañía, la SEPI vendió la empresa en 2001 al Grupo Marsans, propietario legal de Aerolíneas pese al proceso de expropiación iniciado por el gobierno de Cristina Fernández el pasado diciembre.
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