Sevilla.- El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Comisión Permanente de Seguimiento del Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad en Andalucía.
El nuevo órgano se encargará de evaluar el desarrollo de esta iniciativa, que comenzó a desarrollarse a finales de 2007 con un presupuesto de 414,4 millones hasta 2013.
El equipo evaluador estará formado por representantes de todos los departamentos con competencias en la materia: Empleo; Igualdad y Bienestar Social; Justicia y Administración Pública; Educación, e Innovación, Ciencia y Empresa.
Asimismo, contará con la participación de la Confederación de Empresarios de Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
La comisión se reunirá al menos una vez por semestre y deberá publicar en 2010 un informe de evaluación intermedia del Plan, que incluirá tanto un análisis del cumplimiento de las medidas como propuestas de mejora.
En 2013 realizará un informe de evaluación final, que tendrá en cuenta factores como el ajuste a los plazos, la ejecución del presupuesto, el número de beneficiarios y los avances logrados.
El Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad, aprobado por el Gobierno andaluz en noviembre de 2007, incluye 127 medidas especiales de inserción laboral de este colectivo.
Los programas recogidos beneficiarán a 133.500 andaluces, cifra que supone el 67 por ciento de las personas que sufren algún tipo de discapacidad y que pueden acceder al mercado de trabajo.
Dentro de este grupo, se da prioridad a las alrededor de 76.700 (inactivas y no inscritas como demandantes de empleo) que desconocen sus posibilidades reales de llevar una vida laboral en igualdad de condiciones.
De la inversión total prevista, 357,43 millones de euros se destinan al área denominada de Acceso y Permanencia en el Empleo, uno de los seis grandes bloques de medidas que integran el plan.
En este capítulo se recogen, entre otras iniciativas, programas para potenciar los Centros Especiales de Empleo (empresas que cuentan en sus plantillas con un mínimo del 70 por ciento de trabajadores con discapacidad); incentivos a la contratación de hasta 12.000 euros; creación de agentes de intermediación laboral entre empresas y trabajadores; planes formativos específicos con compromiso final de contratación, e instrumentos para garantizar la adecuada difusión de ofertas de trabajo entre el colectivo.
El Área de Apoyo a la Iniciativa Empresarial, presupuestada en 21,01 millones de euros, recoge un abanico de medidas que van desde las ayudas y microcréditos para constitución como autónomos a la prestación de asistencia técnica, la agilización de trámites y las acciones para facilitar el acceso a las empresas de economía social.
El capítulo dedicado a Educación, dotado con 8,10 millones de euros, incluye programas especiales de entrenamiento en nuevas tecnologías, la creación de la figura del "acompañante de apoyo" para los universitarios con discapacidad y el establecimiento de planes tutoriales para facilitar el tránsito desde la enseñanza secundaria obligatoria hacia estudios superiores.
Por su parte, en el Área de Adecuación del Entorno Laboral se consigna un gasto público de 2,38 millones de euros con destino a iniciativas como ayudas a empresas para adecuación de instalaciones y eliminación de barreras arquitectónicas o el impulso a la introducción de cláusulas específicas en los convenios colectivos.
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