Quito.- La petrolera francesa Perenco comunicó, mediante una carta al Ministerio de Minas y Petróleos de Ecuador, difundida hoy, que responsabilizará al Gobierno ante los tribunales del CIADI, adscrito al Banco Mundial, por los "daños importantes" que le ha provocado la expropiación de sus inversiones.
El ministro de Minas y Petróleos, Germánico Pinto, informó el pasado 19 de agosto de que el Gobierno envió una notificación oficial a Perenco en la que le daba un plazo de 10 días para que cumpla el contrato de producción, después de que paralizara sus actividades.
La petrolera decidió suspender sus trabajos en varios campos de la Amazonía ecuatoriana como respuesta a un proceso de coactiva que Ecuador mantiene contra ella, por una deuda equivalente a unos 327 millones de dólares.
Esa deuda se deriva de la aplicación de la Ley 042, que obliga a las operadoras privadas que operan en Ecuador a entregar al Estado el 50 por ciento de las ganancias extraordinarias obtenidas por la venta del crudo.
Como Perenco no efectúo ningún planteamiento para saldar dicha deuda, el Estado ecuatoriano dispuso el embargo y posterior remate del crudo de la compañía hasta la recuperación total de la suma adeudada más los intereses.
En la carta remitida al Gobierno, con fecha de 28 de agosto, Perenco considera que Ecuador "ha violado sus obligaciones contractuales y legales", y advierte: "nuestra intención es responsabilizar totalmente" al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La empresa energética francesa estima, asimismo, que Ecuador y su empresa petrolera, Petroecuador, "violaron" lo dispuesto por el CIADI con el embargo y la subasta, según la Ley 042, del porcentaje de producción de crudo "que legalmente pertenece a las compañías".
El pasado 16 de julio, Perenco decidió suspender sus actividades extractivas, además de romper las relaciones laborales con los trabajadores.
"En caso de que Ecuador y Petroecuador cumplan íntegramente con sus obligaciones legales y contractuales, Perenco estaría preparada para reanudar sus operaciones", advierte, no obstante, la compañía.
El ministro Pinto explicó cuando se dio el plazo de 10 días a Perenco que éste se estableció una vez que transcurrieron 30 días desde que la petrolera abandonó las instalaciones, y puntualizó que todas las medidas adoptadas por el Gobierno son las que están previstas "en el contrato y en la ley".
Petroamazonas, filial de la estatal Petroecuador, que se hizo cargo de la producción después del abandono de Perenco, decidió contratar por seis meses a los trabajadores de la francesa "para asegurar que los mecanismos de operación y producción se sostengan en el tiempo".
"La Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) pidió que Petroamazonas se hiciera cargo de forma temporal, como medida provisional, del manejo de estos campos hasta que se retorne hasta la situación normal, que sería que Perenco asuma" su producción, aclaró entonces Pinto.
La producción de las operaciones de Perenco, que el año pasado llegó hasta los 30.000 barriles diarios, disminuyó en lo que va de 2009 a 21.000 barriles de petróleo, cifra que, según el Gobierno, se mantiene en manos de Petroamazonas.
El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador, cuyos ingresos suponen cerca del 35 por ciento del presupuesto del país.
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