Santiago de Chile.- dijo hoy que su cartera ordenó un estudio detallado para conocer a los represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que se encuentran procesados y que reciben un sueldo por honorarios del Ejército chileno.
El documento estará listo a principios de esta semana y tras su elaboración el Gobierno tomará las medidas que considere correspondientes, precisó Vidal en declaraciones a los periodistas tras asistir a la edición 49 de la Conferencia de los Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas.
El diario La Nación reveló este domingo que el Ejército paga sueldos de hasta 2.200 dólares mensuales a varios represores de la dictadura, algunos de los cuales se encuentran procesados por la justicia chilena.
La lista de funcionarios contratados por honorarios por esa institución incluye los nombres de ex agentes de la policía secreta, de un médico que torturó a prisioneros y de un ex fiscal que falsificó documentos para encubrir el crimen del diplomático español Carmelo Soria, secuestrado y asesinado en 1976.
El ministro de Defensa afirmó que desde hace un mes mantiene conversaciones con el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, sobre la colaboración de ex uniformados implicados en violaciones de los derechos humanos con la institución castrense.
Sin embargo, el ministro se expresó con cautela y llamó a respetar "la presunción de inocencia" de los represores implicados, ya que, recordó, no han sido condenados.
"El principio de presunción de inocencia está ganado desde la Revolución Francesa y la presunción de inocencia no me funciona cuando me conviene o cuando no me conviene. Cuando son de los míos, presunción de inocencia, cuando son de los otros, ahí no", señaló.
"Uno tiene que actuar con derecho. El que no puede actuar en el Ejército, ni de uniforme ni sin uniforme, es aquella persona que ha sido condenada por los tribunales de Justicia", agregó Vidal.
El ministro precisó que el hecho que ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen, estén contratados por el Ejército no es ilegal, aunque reconoció que puede resultar "impresentable" para los familiares de detenidos desaparecidos.
En la misma línea se expresó hoy el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien descartó que el Ejército pague honorarios a ex militares que han sido condenados en casos de violaciones a los derechos humanos.
"Yo puedo asegurar que no hay ninguna persona condenada que esté en esa condición de honorarios. Ahora hay un cierto número de personas que están procesadas, pero no han sido condenadas", dijo el ministro a Radio ADN.
Viera-Gallo agregó que mientras no haya condena "rige el principio de inocencia".
"Yo comprendo perfectamente de que cuando un oficial está involucrado en un proceso no parece lo más adecuado que esa persona siga prestando servicios a la institución", dijo al respecto.
La investigación realizada por el diario La Nación provocó el inmediato rechazo de las asociaciones de derechos humanos y de algunos diputados oficialistas de la Concertación, la coalición que gobierna el país desde el final de la dictadura.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo hoy que si el pago de sueldo por honorarios a ex represores era conocido por el Ejecutivo chileno evidenciaría que "sigue amparando la impunidad".
"(Si el Gobierno no lo sabía) viene otra situación igualmente grave que la anterior: ¿Quién manda en este país? El Ejército, las Fuerzas Armadas tienen tal autonomía que siguen siendo un poder tras el poder real", afirmó Pizarro a radio Cooperativa.
En tanto, la diputada del Partido Socialista Isabel Allende, hija del derrocado presidente Salvador Allende, aseguró que la situación que se conoció este domingo es "casi un insulto para los familiares de la víctimas de la dictadura, por lo tanto el Ejecutivo deber aclarar esto".
"El Ejército debe ser bastante más cuidadoso, ya que es una institución de los chilenos", agregó Allende.
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