Brasilia.- El Estado brasileño ha indemnizado desde el 2001 a 30.967 personas que sufrieron persecuciones o perdieron familiares durante la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, según cifras oficiales divulgadas hoy.
Los datos fueron difundidos en el marco de las celebraciones del 30 aniversario de la Ley de Amnistía, que fue promulgada en 1979 por la dictadura y benefició tanto a los activistas que enfrentaron al régimen como a los militares que participaron incluso en torturas.
En 2001, durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el Gobierno creó la llamada Comisión de Amnistía, que está vinculada al Ministerio de Justicia, para reparar económicamente los crímenes cometidos por el régimen durante los 21 años que estuvo en el poder.
Paulo Abrão, actual presidente de la comisión, dijo hoy que desde que comenzó su trabajo, ese grupo analizó 64.151 casos de personas que dijeron haber sufrido persecuciones, torturas o que perdieron a algún familiar a manos de los militares.
De ese total de denuncias, ya fueron analizadas 47.570, de las que 30.967 fueron aprobadas, mientras que el resto fue rechazado por falta de pruebas documentales.
Datos publicados hoy por la Agencia Brasil dicen que, entre las pensiones que reciben los familiares de fallecidos e indemnizaciones realizadas mediante un pago único, el Estado ha desembolsado desde 2003 cerca de 2.600 millones de reales, que hoy equivalen a unos 1.400 millones de dólares.
Abrão recordó que, cuando se creó la Comisión de Amnistía, los cálculos apuntaban a indemnizar a unas 10.000 personas, pero luego las investigaciones demostraron que se trataba de un universo muy superior.
"Eso demuestra la capilaridad de la represión y la amplitud que tuvo", declaró.
Las celebraciones por los 30 años de la promulgación de la Ley de Amnistía han renovado el debate sobre el alcance de esa legislación, que amparó a muchos torturadores que, si bien no están incluidos en las indemnizaciones económicas, jamás fueron juzgados.
La polémica Ley de Amnistía ha sido objeto incluso de una demanda presentada por el Colegio de Abogados ante el Supremo Tribunal, al que se le ha pedido que aclare desde el punto de vista jurídico si la legislación ampara a aquellos responsables de delitos de lesa humanidad.
La corte aún no se ha pronunciado al respecto, pero el asunto genera diferencias en la sociedad e incluso dentro del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien durante la dictadura pasó un mes en prisión.
Según sostiene el ministro de Justicia, Tarso Genro, "la tortura es un crimen imprescriptible que no se amnistía" y "juzgar esos casos sería un acto de justicia y respeto a los derechos humanos".
Sin embargo, según el ministro de Defensa, Nelson Jobim, quien fue presidente del Supremo Tribunal, "una cosa es el derecho a la memoria y otra la revancha" y la Ley de Amnistía fue aprobada por el Congreso, por lo que no puede ni debe ser revisada después de 30 años.
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