Las Palmas de Gran Canaria.- El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, anunció hoy que responderá "en el primer pleno que convoque la Mesa del Parlamento de Canarias" sobre el supuesto tráfico de influencias a favor de una sobrina del que se le responsabiliza.
La comparecencia de Rivero tendrá lugar después de que la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias rechazara el pasado 19 de agosto con los votos de CC y PP una petición del PSOE para que el presidente autonómico explicara urgentemente en la Cámara sus presuntas gestiones para que su sobrina aprobara unas oposiciones para policía local.
Los socialistas habían pedido la reunión de la Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes de la Cámara durante las vacaciones, al interpretar que es un asunto "muy grave", un presunto caso de corrupción por tráfico de influencias que ha colocado "en la ilegalidad" a la máxima autoridad canaria, según subrayó el portavoz del PSOE, Santiago Pérez.
Sin embargo, CC y PP, socios en el Gobierno regional, argumentaron que el caso (una "gala veraniega" y un "número circense" de los socialistas, según la representante popular, María Australia Navarro) no justifica la comparecencia de Rivero durante un mes inhábil.
Reiteraron que el presidente podrá dar explicaciones una vez se reinicie la actividad ordinaria de la Cámara en septiembre.
La iniciativa socialista se produjo tras conocerse que la Guardia Civil, durante una investigación judicial, interceptó una conversación telefónica en julio de 2008 entre Rivero y el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, en la que supuestamente el presidente canario pedía un trato de favor para su sobrina en las oposiciones para la Policía Local, que finalmente no superó.
La investigación judicial que se desarrollaba era por presunta corrupción urbanística en ese municipio turístico del sur de Tenerife, caso en el que el alcalde, del mismo partido que Rivero (Coalición Canaria), figura como imputado.
El portavoz socialista justificó que su grupo haya convocado al Parlamento porque desde el 10 de agosto, cuando se difundieron estas conversaciones, ni el presidente ni sus asesores las han desmentido ni han dado explicaciones, al tiempo que los medios públicos autonómicos "han censurado" el caso.
CC y PP insistieron en que el asunto no justifica que no se pueda esperar hasta septiembre, ante lo cual Santiago Pérez anunció que su grupo pedirá un pleno extraordinario para tratar exclusivamente de este asunto, ya que el próximo pleno ordinario no será hasta finales de septiembre.
El diputado de CC José Miguel González aprovechó su intervención para anunciar que propondrá que se cree una comisión parlamentaria de investigación sobre "las filtraciones judiciales", y retó al PSOE apoyarla.
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