Asunción.- El presidente paraguayo, Fernando Lugo, vetó hoy la designación por parte del Senado del juez Agustín Lovera Cañete como nuevo miembro del tribunal Supremo, en una decisión que podría desatar una crisis con el Poder Legislativo.
"No vamos a aceptar la imposición de candidatos que claramente responden a intereses estrictamente políticos. Me han pedido el acuerdo en mi calidad de titular del Ejecutivo, no lo voy a otorgar por las razones expuestas", aseveró Lugo en un mensaje al país.
Lovera Cañete, que se desempeñaba como juez de apelación, se impuso en la votación reservada realizada el pasado día 20 por el pleno del Senado en una terna integrada, además, por Emiliano Rolón Fernández e Irma Alfonso.
El magistrado fue elegido con el apoyo de legisladores del Partido Colorado que lidera el ex jefe de Estado, Nicanor Duarte (2003-2008), cuya agrupación perdió una hegemonía de 61 años en los comicios generales del 20 de abril del año pasado.
Además, fue respaldado por la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), dirigida por el ex general Lino Oviedo, y por algunos bloques del oficialista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal agrupación dentro de la coalición que llevó a Lugo al poder.
"El Gobierno realiza un llamado para que se abra de manera urgente un amplio debate, que de manera abierta y democrática analice candidaturas y las reformas tan necesarias de nuestra administración de Justicia", mencionó además Lugo.
El veto del Ejecutivo derivará además en una controversia jurídica, ya que algunos analistas consideran que el Consejo de la Magistratura debería designar una nueva terna, mientras que otros opinan que tendría que definirse entre los otros dos candidatos.
Con la designación de Lovera Cañete se buscaba llenar la plaza dejada por Wildo Rienzi, quien se jubiló hace dos años al cumplir la edad máxima, de 75 años, para permanecer en la Corte Suprema de Justicia, integrada por nueve miembros.
El Senado había rechazado también el día 20 último la continuidad de César Garay y José Altamirano como miembros del Supremo, cuyos mandatos fenecieron a principios de este año y estaban a la espera de una confirmación.
Fuentes legislativas dijeron en su día que las decisiones del Senado suponían un revés para el Gobierno, que no tiene mayoría propia en el Congreso y que había promovido la elección de Rolón Fernández.
El Gobierno de Lugo también esperaba que Garay y Altamirano continúen en sus cargos, por lo que deberá comenzar un nuevo proceso para cubrir la plaza de Rienzi y de los otros dos magistrados.
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