Teherán.- El tribunal revolucionario que juzga a más de un centenar de personas acusadas de instigar los disturbios postelectorales en Irán acusó hoy de conspiración a varios antiguos altos cargos del antiguo gobierno reformista que lideró el ex presidente Mohamad Jatamí.
La cuarta vista oral del juicio masivo supuso un duro golpe para la oposición aperturista, que ha calificado de fraudulenta la reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad y que denuncia que todo el proceso judicial es una farsa destinada a acallarla.
Frente al juez desfilaron una pléyade de políticos y periodistas que desempeñaron algún papel a lo largo de los ocho años de Gobierno de Jatamí, quien ha respaldado a los dos principales candidatos presidenciales derrotados, Mir Husein Musavi y Mehdi Karrubí.
Entre los encausados sobresalía la figura de Said Hayarian, antiguo asesor de Jatamí, que quedó postrado en una silla de ruedas tras ser tiroteado en 1999 frente a la sede del Ayuntamiento de Teherán.
Según la agencia de noticias local Fars, Hayarian confesó hoy su deseo de desligarse de su partido "debido a la corrupción" y pidió "perdón" a los iraníes "por el daño infligido a la sociedad".
Minutos antes, la Fiscalía había alegado que existían pruebas que demostraban que el activista era "uno de los cerebros del (intento de) golpe de Estado" incruento.
Ante el tribunal comparecieron asimismo otros aperturistas como Mohsen Mirdamadi, miembro del "Frente de Participación", o Abdulá Ramezanzadeh, vicepresidente del "Partido de los que Trabajan para la Reconstrucción".
Igualmente declararon los ex viceministros de Interior Mustafa Tayzadeh, de Comercio Mohsen Safaie-Farahani y de Asuntos Exteriores Mohsen Aminzadeh y los periodistas reformistas Said Laylaz, Hamid Reza Jalaeipour y Mohamad Ghuchani, éste último director del recién vetado diario "Etemad-e Melli".
La agencia Fars afirmó que Ramezanzadeh, que fue portavoz del Gobierno reformista, reconoció hoy que los últimos comicios fueron "legales y correctos", y que, por tanto, sus resultados deben ser reconocidos y aceptados.
La Fiscalía recriminó a las plataformas reformistas citadas que "porfiaran en su pretensión de que había existido fraude electoral, pese a los avisos dados por las autoridades".
"El hecho de sacar a la gente a las calles no fue el resultado del fracaso electoral, sino de una estrategia de estos partidos instigadores", argumentó.
El objetivo final era provocar "un golpe de estado de terciopelo contra la República Islámica de Irán aprovechando y abusando del ambiente electoral", concluyó.
Por ello, pidió la disolución de las referidas plataformas opositoras, a las que consideró un "movimiento desafiante que busca el poder" y que "se han levantado contra el sistema y el voto mayoritario del pueblo".
Además, el fiscal implicó a Mohamad Reza Jatamí, hermano del ex presidente, que fue detenido en los primeros días de revuelta y después liberado, y al que acusó de buscar "ayuda extranjera" para la algarada.
Cientos de miles de personas salieron a la calles de Irán para protestar nada más anunciarse el controvertido triunfo electoral de Ahmadineyad.
En los disturbios posteriores, alrededor de una treintena de personas murieron -según cifras oficiales- y cerca de 4.000 fueron detenidas.
Irán ha acusado a un centenar de ellas de conspirar para derrocar el régimen con ayuda de Occidente, y en particular con el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.
En la primera sesión del juicio, celebrada a principios de agosto, ya se escuchó el testimonio de ex altos cargos del régimen iraní, como el antiguo vicepresidente reformista Mohamad Ali Abtahi, acusados de los mismos cargos.
En la segunda comparecieron la ciudadana francesa Clotilde Reiis y dos empleados locales de las embajadas de Reino Unido y Francia, acusados de espiar, participar en los disturbios y colaborar con potencias extranjeras para propiciar lo que Teherán denomina una "revolución de terciopelo".
Durante la tercera, el fiscal leyó los cargos contra una quincena de personas acusadas de actos de terrorismo y vínculos con grupos de oposición iraní en el exilio, a los que el régimen considera terroristas.
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