Santiago de Chile.- El gobierno chileno admitió hoy la necesidad de establecer algún tipo de control migratorio en la Isla de Pascua, cuyos habitantes están descontentos por el explosivo aumento de la población, pero se declaró contrario al cobro de un impuesto especial a los visitantes.
Así lo dijo el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien viajó hoy a Rapa Nui (nombre indígena de la isla), para dialogar con los isleños, que hace un par de semanas ocuparon el aeropuerto para hacer escuchar sus demandas.
La población de la isla, de sólo 163,6 kilómetros cuadrados de superficie, se ha multiplicado rápidamente en los últimos años y supera las 4.000 personas, cantidad que para los isleños, que son unos 2.000, es excesiva.
A ellos se suma una cantidad creciente de turistas (más de 50.000 al año), que a juicio de los lugareños causan daños patrimoniales y culturales a la isla, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Antes de emprender el viaje, Patricio Rosende aseguró a medios locales que el Gobierno comparte las preocupaciones de los isleños y dijo que es necesario establecer controles migratorios.
Precisó que si bien se debe buscar un mecanismo que solucione los inconvenientes de la presencia masiva de extranjeros y chilenos continentales, la solución no pasa por establecer un impuesto.
Esto último, dijo, "tiene que ver más con el Parque Nacional que con el tema de la migración" y consideró, en ese contexto, establecer medidas a corto plazo para ayudar "a una mejor convivencia en la isla y a un mejor aprovechamiento de los recursos".
A mediano plazo, dijo, se podrían "establecer controles en la migración propiamente tal".
"Tenemos muchísimas opciones y propuestas, algunas surgidas en la isla y otras que se han venido trabajando en el Gobierno, y estoy seguro que a través del diálogo, y a través de la concordia y la buena voluntad, vamos a llegar a un punto razonable de acuerdo satisfactorio para todos", sentenció.
Subrayó además que la Isla de Pascua "es patrimonio de todos los chilenos, de toda la humanidad; los isleños son nuestros compatriotas y por eso vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para encontrar la manera de proteger ese patrimonio".
El 'Parlamento Rapa Nui', que organizó la ocupación del aeropuerto, ha planteado, entre otros puntos, la clasificación en varias categorías de quienes lleguen hasta la isla, la prohibición a los chilenos continentales para quedarse más de tres meses y el cobro a los visitantes de un impuesto similar al que deben pagar quienes llegan a las Islas Galápagos, en Ecuador.
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