Santiago de Chile.- Cerca de 1.200 habitantes de la Isla de Pascua deciden hoy en una consulta ciudadana si apoyan una reforma constitucional para regular la permanencia y residencia de los visitantes, en lo que supone la primera votación ciudadana en Chile en el marco del convenio 169 de la OIT.
El subsecretario chileno del Interior, Patricio Rosende, viajó hoy a la remota isla, situada a unos 3.500 kilómetros del Chile continental, para supervisar la realización de esta consulta, que tiene la modalidad de plebiscito.
Antes de partir, Rosende se defendió en Santiago de las críticas de sectores de la comunidad de Rapa Nui (nombre indígena de la isla) que consideran que el Gobierno no ha aportado suficiente información sobre la consulta.
"Fueron ellos los que pidieron control migratorio ahora, por eso hemos realizado acciones de información y difusión durante estas semanas. A quienes no están de acuerdo les decimos que voten en contra y que lo digan directamente, que no lo hagan de manera escondida, eso no ayuda al diálogo", recalcó.
El subsecretario incidió en que esta iniciativa busca "establecer regulaciones que permitan controlar, de mejor manera que las que existen hoy día, a quienes buscan en la isla un lugar donde domiciliarse de manera definitiva".
"Ése es el sentido, no busca restringir el turismo ni la afluencia de visitantes a la isla, al contrario, busca estimular el turismo por la vía de mejorar las condiciones en que los turistas se pueden desenvolver al interior de la isla", recalcó.
La población de la isla se ha multiplicado rápidamente en los últimos años y supera las 4.000 personas, cantidad que para los isleños, que son unos 2.000, es excesiva y pone en riesgo su preservación ecológica y cultural.
A esa población deben sumarse más de 50.000 turistas que llegan cada año, atraídos por los misterios que guarda la isla, de sólo 163,6 kilómetros cuadrados y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
En tanto, líderes del Parlamento de Rapa Nui reiteraron hoy sus críticas a la falta de información por parte del Gobierno.
"A la gente no se le informó correctamente de qué se trataba", declaró a Radio Cooperativa Mario Tuki, uno de sus miembros.
En caso de que los pascuenses aprueben la reforma constitucional, el Gobierno podrá enviar al Congreso un proyecto para modificar el artículo 126 bis de la Constitución, que reconoce a Isla de Pascua como territorio especial de gobierno y administración.
A ese artículo se le agregaría un segundo inciso, que otorgará competencias especiales a las instituciones de la isla para fijar normas específicas que regulen la población, para asegurar así su desarrollo sostenible.
A mediados de agosto, un grupo de lugareños ocupó durante dos días el aeropuerto de la isla para exigir mayor control migratorio.
En septiembre, el Gobierno anunció que los turistas que llegaran a Isla de Pascua deberían presentar una tarjeta de control migratorio especial, pero después un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago la declaró "ilegal, arbitraria e inconstitucional".
La presidenta Michelle Bachelet ratificó en octubre de 2008 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entró en vigor el pasado 15 de septiembre y reconoce el derecho de los indígenas a ser consultados sobre las medidas legislativas que les afecten.
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