Madrid.- El PP no conseguirá hoy que la Diputación Permanente del Congreso apoye sus peticiones de comparecencias urgentes de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para explicar la supuesta "persecución" política del Gobierno a este partido.
La mayoría de los grupos avanzaron su voto en contra a las solicitudes de comparecencia del PP, que incluye también la del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a excepción de CiU y PNV, que se abstendrán, mientras que NaBai ha considerado que Rubalcaba debería explicar la posible utilización de los servicios de información contra otras fuerzas políticas, como la suya.
Soraya Sáenz de Santamaría, en nombre del PP, ha vinculado esta supuesta "persecución" política con el "temor" del Gobierno ante el hecho de que "su propia incapacidad de gestionar con eficacia" la crisis "se traduzca en un duro castigo electoral".
"Cuando el Gobierno fracasa, el paro crece, la crisis se hace endémica, la gestión hace agua y se le tuercen hasta las buenas intenciones, a nuestro Gobierno le resulta más rentable echar mano del manual de acoso a la oposición", ha incidido. No obstante, ha querido dejar claro la confianza del PP en la Justicia y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que "se limitan a hacer su trabajo" y a "obedecer órdenes".
El resto de los portavoces han criticado duramente las pretensiones de los 'populares'. Así, durante el debate parlamentario, Francisco Jonquera (BNG) señaló que las acusaciones formuladas contra el Gobierno "obedecen a una estrategia consistente en levantar una cortina de humo" y aseguró que el principal partido de la oposición "tiene fijación con las teorías conspiratorias". Joan Ridao (ERC) manifestó que "sorprende" que un partido "tan constitucional y constitucionalista (como el PP) tenga dudas del funcionamiento del sistema de derecho que dice defender", aunque, apostilló, "tal vez sólo lo defiende cuando lo controla".
Gaspar Llamazares (IU-ICV) se mostró en contra de que el Congreso de los Diputados fomente el "arte de la mentira" del PP y que contribuya a "convertir la confabulación en un delirio". Emilio Olabarría (PNV) advirtió que la acusación que convierte "Estado español en estado policial debe ser probada" pues lo contrario es una "frivolidad peligrosa"; y Jordi Jané (CiU) señaló que "es un error que el Congreso dirima sobre hechos supuestamente ilícitos sin pruebas sobre la mesa".
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