Buenos Aires.- La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, vetará la ley de emergencia agropecuaria porque es "imposible" aplicarla, dijo hoy un miembro del Gobierno, cuyo anuncio desató la inmediata irritación de patronales agropecuarias.
La normativa aprobada la semana pasada por el Parlamento prevé rebajas impositivas por 180 días como ayuda a agricultores afectados por la sequía en 37 municipios de la provincia de Buenos Aires, la más rica del país.
El jefe del gabinete de ministros, Aníbal Fernández, anunció en declaraciones a radios locales que tal ley será vetada porque "es pésima" y "de imposible cumplimiento" en materia impositiva.
Explicó que la rebaja de impuestos estaba orientada a favor de los productores de trigo y entrará en vigor cuando "ya se ha cosechado" ese grano, lo cual abre las puertas a maniobras que el Fisco no podría evitar y no beneficiarían a los agricultores.
"Hace agua por los cuatro costados", aseguró el ministro al fundar el próximo veto de esa ley, que además dispone 500 millones de pesos (129,5 millones de dólares) para mitigar daños causados por fenómenos climáticos, como la sequía de 2008, la peor sufrida por Argentina en últimas décadas.
La normativa fue aprobada por el Senado el jueves pasado, en medio de protestas de patronales agropecuarias que la consideran "insuficiente" y exigen rebajas de los impuestos a la exportación de granos, en especial la soja, el motivo de la seguidilla de huelgas y cortes de carreteras que llevaron a cabo el año pasado.
El líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, rechazó hoy el "inminente veto" de la jefa del Estado, a quien acusó de "faltar el respeto" a las decisiones del Parlamento.
"Cuando el Congreso sanciona algo a favor de los productores, hay capacidad de veto", se lamentó luego de advertir que la decisión del Gobierno "va a generar reacción" porque se trata "de un nuevo ataque contra los productores agropecuarios".
La Federación Agraria y las otras tres grandes patronales del campo, que juntas reúnen a unos 290.000 productores, reclaman una rebaja de diez puntos porcentuales en el tributo a la exportación de soja (35%), el mayor cultivo del país, así como bajadas menores en los que pagan el maíz (20%), el trigo (23%) y el girasol (32%).
A comienzos de mes, en la reanudación del diálogo con el campo, el Gobierno de Fernández rechazó tales rebajas por el impacto que tendrían en los ingresos del Fisco, pero liberó las exportaciones de trigo y maíz y flexibilizó las que pesan sobre las de carne de vacuno.
Argentina comenzó a restringir las exportaciones de granos y alimentos a finales de 2006 con el fin de asegurar el abastecimiento doméstico, en vista de que por entonces comenzaron a dispararse los precios internacionales de esos productos.
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