La Paz.- La Corte de Justicia del departamento boliviano de Santa Cruz decidió hoy aplazar al lunes como plazo máximo la decisión final sobre el tribunal competente para juzgar el caso de terrorismo internacional denunciado por el Gobierno de Evo Morales.
La decisión será adoptada por la Sala Penal Primera de esa corte que hoy fue designada para dirimir el caso mediante un sorteo electrónico, señaló a Efe una fuente del órgano judicial.
Los vocales de esa sala decidirán si la denuncia sobre terrorismo se procesa en la Corte de Santa Cruz o en la de La Paz, que comenzó a investigar desde el 16 de abril pasado cuando la policía abatió a tres terroristas y detuvo a otros dos en la capital cruceña.
La Fiscalía de La Paz estableció que el líder de la banda era el boliviano croata húngaro Eduardo Rozsa, uno de los muertos en abril pasado, e investiga su relación con líderes políticos y empresarios cruceños que supuestamente financiaron sus actividades.
La banda, según las investigaciones, tenía como objetivo formar milicias armadas para resistir en Santa Cruz un posible ataque del gobierno central y con la posibilidad después de plantear la escisión de territorio cruceño, el departamento más grande del país.
Los líderes y empresarios cruceños han rechazado la investigación en La Paz con el argumento de que está dirigida políticamente para perjudicar a la oposición y han reclamado que la jurisdicción sea la de Santa Cruz, donde se descubrió a la banda armada.
Por su parte, las autoridades judiciales de La Paz y el Gobierno han denunciado que la corte cruceña no será imparcial a la hora de juzgar a los líderes de esa región, todos opositores.
Los vocales de la Sala Plena de la Corte Distrito de Santa Cruz se reunieron hoy para decidir el aplazamiento de la decisión, pese a que hubo una denuncia anónima de bomba que resultó ser falsa.
La policía desalojó por horas a todo el personal de la Corte de Santa Cruz, menos a los vocales que tomaron la decisión de derivar el caso a la Sala Penal Primera.
El Gobierno de Evo Morales ya ha anticipado que planteará un juicio de responsabilidades contra los magistrados de la Corte Suprema por haber sido ellos quienes la semana pasada decidieron que sea en Santa Cruz donde se dirima el conflicto de competencias del caso.
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