Washington.- El Gobierno de Estados Unidos afirmó hoy que la estrategia del presidente mexicano, Felipe Calderón, en su lucha antinarcóticos es una de "largo plazo" y va por buen rumbo, y cualquier cambio, en todo caso, es decisión de ese Gobierno.
El despliegue de alrededor de 45.000 soldados y policías por la geografía mexicana para combatir a los carteles de la droga, sin embargo, ha suscitado críticas de grupos defensores de los derechos humanos, y el escepticismo en los corredores del Congreso.
La lucha antidrogas en México será previsiblemente uno de los temas dominantes de la Cumbre de Líderes de América del Norte entre el 9 y 10 de agosto en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México.
El encuentro entre Estados Unidos, México y Canadá se realizará en momentos en que continúa la espiral de violencia en México, donde los secuestros, decapitaciones y tiroteos en plena de luz del día son una ocurrencia diaria.
Se calcula que más de 10.000 personas han fallecido por la "narcoviolencia" desde 2006, y el conteo de muertos desde principios de este año se sitúa en alrededor de 4.000, según informes preliminares.
Pero funcionarios de alto rango del Gobierno estadounidense defendieron hoy los esfuerzos de México al explicar a la prensa el propósito y alcance de la cumbre, que se realiza desde 2005, pero es la primera a la que asistirá el presidente Barack Obama.
"El Gobierno de Calderón ha actuado de forma valerosa ante la amenaza de estos carteles...desafortunadamente, (la lucha antidrogas) no es una propuesta a corto plazo", dijo el general retirado James Jones, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
"Hemos visto el éxito de nuestros compromisos en Colombia en varios años, así es que (la de México) es una iniciativa y propuesta a largo plazo", precisó.
Por su parte, John Brennan, asesor adjunto de Seguridad Nacional, destacó la "tremenda" cooperación entre Estados Unidos y México en la lucha contra el narcotráfico.
Reiteró que EE.UU. tiene parte de responsabilidad en estas lides, en lo que se refiere a la reducción de la demanda de drogas, el lavado de dinero y el flujo ilegal de armas hacia el sur, que alimentan ese lucrativo negocio.
Frente a las críticas sobre si la estrategia de Calderón está surtiendo el efecto deseado, Brennan afirmó que "las actividades del Ejército mexicano es una decisión del Gobierno mexicano".
La nota discordante, sin embargo, la ha dado el senador demócrata Patrick Leahy, clave en el desembolso de ayuda exterior y quien considera que la estrategia actual por sí sola "no es una solución a largo plazo ni está claro lo que pueda lograr a corto plazo".
Por ello, considera "prematuro" que el Departamento de Estado envíe al Congreso, en cumplimiento con una ley federal, un informe sobre los avances del Gobierno de México en materia de derechos humanos.
Esa ley permite retener el 15% de los fondos destinados a la Iniciativa Mérida hasta que el Departamento de Estado certifique mejoras en cuatro áreas, entre ellas la de los derechos humanos.
Para Leahy, México "necesita unas fuerzas policiales eficaces y un sistema judicial que funciona", pero, por ahora, no ha cumplido con requisitos relacionados, por ejemplo, al enjuiciamiento de efectivos involucrados en abusos de los derechos humanos.
Preguntado al respecto, Dan Restrepo, director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que el Departamento de Estado quiere elaborar un informe que "sea lo más completo posible".
"Se ha recibido nueva información con la que se actualizará el informe, y éste será enviado al Congreso cuando esté listo", aseguró Restrepo, sin aventurar detalles.
No obstante, la canciller mexicana, Patricia Espinosa, dijo hoy que el Gobierno de Los Pinos informó al Departamento de Estado de los avances en torno a la protección de derechos humanos mientras se combate al crimen organizado.
Así, se prevé que Calderón aprovechará la reunión bilateral con Obama, el domingo próximo, para destacar esos avances, especialmente en zonas de alta criminalidad donde ahora opera el Ejército.
En juego están al menos 100 millones de dólares destinados a México dentro de la Iniciativa Mérida, una estrategia de seguridad regional de tres años contra el crimen organizado, dotada de 1.400 millones de dólares y que fue aprobada bajo el mandato de George W. Bush para México, Centroamérica y el Caribe.
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