Washington.- El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó hoy que envió al Congreso su informe sobre los avances en materia de derechos humanos en México y expresó confianza en que liberará pronto los fondos para la Iniciativa Mérida.
Durante una rueda de prensa, Philip Crowley, portavoz del Departamento de Estado, dijo que la agencia entregó el pasado 13 de agosto el informe sobre los esfuerzos que ha hecho México para "profesionalizar a las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para fortalecer el estado de derecho".
Otra fuente del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, dijo a Efe que el informe cumple con un requisito legal para informar al Congreso sobre "las medidas que continúa tomando el Gobierno de México para la promoción y protección de los derechos humanos y el respeto del imperio de la ley en lo que concierne a las fuerzas de seguridad" en ese país.
Agregó que el informe tomó en cuenta datos adicionales que proveyó el Gobierno de México en días recientes y que el siguiente paso es que los líderes del Congreso "revisen el informe" y determinen el futuro desembolso de fondos para la Iniciativa Mérida.
Para el Departamento de Estado, el asunto apremia porque está en juego el 15 por ciento de los fondos destinados a la Iniciativa Mérida, un plan de seguridad regional aprobado en 2007 que proporciona 1.400 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México, Centroamérica y el Caribe.
Como la ley incluye fondos para el año fiscal en curso, "necesitamos que el Congreso actúe más temprano que tarde" y autorice el desembolso de fondos, dijo la fuente.
El Senado de EE.UU. aprobó en junio pasado la primera partida de apoyo a México por unos 420 millones de dólares.
La ley federal permite que el Congreso retenga el 15 por ciento de los fondos hasta que el Departamento de Estado informe sobre los avances en materia de derechos humanos.
El pasado 5 de agosto, el senador demócrata Patrick Leahy, miembro del Comité de Asignaciones del Senado, expresó consternación por que el Gobierno mexicano no había cumplido con cuatro requisitos respecto a los derechos humanos, incluyendo el enjuiciamiento de soldados y policías implicados en abusos.
La "narcoviolencia" ha dejado más de 10.000 muertos desde 2006, cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, ordenó el despliegue de 45.000 soldados para combatir a los carteles de la droga.
Varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, han formulado denuncias sobre la situación de derechos humanos en México.
El Gobierno del presidente Barack Obama ha dejado en claro su apoyo a la lucha antinarcóticos en México y ha expresado su confianza en que el Gobierno de Calderón realiza esfuerzos respeto a los derechos humanos.
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