Asunción.- Activistas de derechos humanos de Paraguay exhortaron hoy al ex ministro de Interior Sabino Augusto Montanaro a divulgar dónde se encuentran las tumbas de los desaparecidos durante el régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Los activistas, agrupados en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y perseguidos y familiares de los desaparecidos durante la dictadura se manifestaron ante la residencia de Montanaro en Asunción, donde entregaron una carta con ese reclamo.
La petición se da en momentos en que la Fiscalía investiga el hallazgo de los primeros restos óseos que pueden corresponder a dos de los desaparecidos durante la dictadura "stronista" en una fosa excavada el día 23 pasado en el predio de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en esta capital.
Esos procedimientos comenzaron luego de que integrantes de grupos de perseguidos y familiares de los desaparecidos dieran detalles de que en ese lugar podrían hallarse los restos de algunos de los asesinados por las fuerzas represivas de la dictadura, según un informante.
Montanaro, ex hombre fuerte de la dictadura "stronista", afronta causas por torturas, apresamientos ilegales y desaparición forzada de personas, algunas de ellas dentro de la Operación Cóndor, un sistema instaurado en las décadas de los setenta y los ochenta por los regímenes militares en el Cono Sur para reprimir a sus opositores más allá de las fronteras de cada país.
También el jefe de Estado, Fernando Lugo, había exhortado el 5 de mayo pasado al ex ministro de Interior a divulgar dónde se encuentran las tumbas de los desaparecidos.
La Corte Suprema de Justicia de Paraguay ordenó el 26 de junio último el arresto domiciliario de Montanaro.
La Sala Penal del máximo tribunal resolvió esa medida de forma unánime, dentro del hábeas corpus reparador tramitado por la esposa de Montanaro, Martha Beatriz Talavera.
El ex ministro había permanecido bajo arresto e internado en el Hospital de la Policía en Asunción por orden judicial desde su llegada al país, el 1 de mayo pasado, proveniente de Honduras, donde estuvo asilado durante 20 años.
La Comisión de Verdad y Justicia, que se encargó de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por la pasada dictadura, precisó en su informe final, divulgado en agosto de 2008, que al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron durante ese régimen.
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