Buenos Aires.- El Gobierno argentino reanuda este viernes el diálogo con las patronales agropecuarias para superar un año y medio de conflicto por las regulaciones del Fisco y la disputa por miles de millones de dólares de recaudación de impuestos al año.
El jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, ha prometido un diálogo "sin prejuicios ni agendas previas" a un campo que sufre el impacto de la peor sequía de las últimas décadas y que salió fortalecido por la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas de junio.
Pero las principales fuerzas políticas de la oposición discrepan con la fuerte rebaja de impuestos a la exportación de granos que exigen las organizaciones agropecuarias, que reúnen a unos 290.000 productores, y a quienes apoyaron durante la oleada de huelgas que convocaron desde marzo de 2008, cuando estalló el conflicto.
En el proceso de diálogo, los dirigentes del campo también pondrán sobre el tapete la crítica situación del sector lácteo, que atribuyen a regulaciones comerciales que comenzaron en 2006, con el fin de proteger al mercado doméstico del alza que por entonces comenzaron a registrar los precios internacionales de los alimentos.
Tales regulaciones restringen, además, las exportaciones de trigo y carne vacuna a cambio de subsidios y otras ayudas que son rechazadas por agricultores y ganaderos que las consideran contraproducentes para los intereses del país, uno de los mayores productores de alimentos del mundo.
Las patronales agropecuarias exigen la anulación de los tributos a la exportación de trigo (23%), maíz (20%) y girasol (32%) y una reducción de diez puntos porcentuales en la soja (35%), que en la última década se ha convertido en el mayor cultivo del país.
El Gobierno de Cristina Fernández está dispuesto a conceder ciertas rebajas de impuestos, a excepción del caso de la soja, según han dejado trascender fuentes oficiales a la prensa local.
Las autoridades sostienen que una menor presión del Fisco sobre la soja alentaría una mayor expansión de ese cultivo en desmedro de la ganadería y otras actividades agropecuarias, un fenómeno que se registra desde comienzos de la década.
Pero también admiten que los impuestos a ese grano oleaginoso constituyen buena parte de los ingresos del Fisco, que están en bajada al calor de la contracción económica por la crisis global.
La oposición también coincide en mantener el nivel del impuesto a la soja para asegurar los ingresos fiscales, si bien aún no ha definido qué rebajas se podrían conceder a los tributos sobre otros granos.
Según consultoras privadas, el Fisco perdería una recaudación anual por unos 3.200 millones de dólares si el Gobierno aceptara las exigencias del campo, eje de una cadena de producción de alimentos que representa el 56 por ciento de las exportaciones argentinas y el 36 por ciento del empleo.
Se calcula que Argentina alcanzará una cosecha de 82 millones de toneladas de granos en la campaña agrícola 2009-2010, un 28 por ciento más que el ciclo anterior, pero lejos del récord de 97 millones de toneladas registrado en 2007-2008.
Como consecuencia del llamamiento del Gobierno al diálogo con el campo, los productores de leche frenaron la huelga de cinco días que preparaban en rechazo a las regulaciones que pesan sobre el sector.
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