Lorca.- El juez Sergio Romero, que instruye el Caso Limusa sobre una presunta trama de corrupción en la empresa municipal de limpieza de Lorca, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que incremente el personal para su juzgado, ante el exceso de trabajo que está suponiendo el proceso.
Así lo ha confirmado hoy el TSJ, cuya Sala de Gobierno, ha acordado, a petición del juez Romero y de su secretaria, solicitar al ministerio de Justicia el refuerzo de un funcionario en comisión de servicio "para que ayude a paliar la carga de trabajo extra que supone la investigación de este caso", que se instruye en el Juzgado Número Cuatro de Lorca.
El sumario del caso Limusa está integrado por más de 3.000 folios distribuidos en nueve tomos y forman parte del mismo, como pruebas adicionales, más de 50.000 documentos, la mayor parte de ellos facturas y libros de cuentas, además de archivos de ordenador y discos compactos.
El juez Romero dictó el pasado 17 de julio un auto por el que se inhibía del caso a favor TSJ, por la presencia en el sumario en calidad de "imputables" de dos diputados regionales de PSOE e IU, Bartolomé Soler y José Antonio Pujante, respectivamente, y, por tanto, aforados.
Tras su petición, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ ha acordado dirigirse en una providencia al presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, para que el órgano competente de esta institución "emita certificación" sobre si Bartolomé Soler y José Antonio Pujante "ocupan el cargo de diputados regionales".
Asimismo, el TSJ demanda del Parlamento regional que acredite la fecha de toma de posesión de ambos, si permanecen en sus funciones en la actualidad y un informe sobre su adscripción parlamentaria.
La Sala de lo Civil y Penal ha trasladado las actuaciones al ministerio Fiscal que deberá pronunciarse en el plazo de un mes sobre la "competencia y fondo del asunto".
En el marco de esta operación contra la corrupción han sido detenidas entre marzo y mayo 12 personas, entre ellas cuatro políticos del PSOE sin cargos públicos en la actualidad, además de un notario, un dentista, un ex funcionario municipal, un agente de seguros, un empleado de banca, dos empresarios y el ex director de Limusa.
Todos ellos fueron puestos en libertad con cargos horas después de su arresto, con excepción del ex director de Limusa, Francisco Gil, que permaneció ingresado en prisión provisional tres meses, y que quedó en libertad con cargos y sin fianza el 1 de junio, aunque mantiene la calidad de imputado por presuntos delitos de malversación y contra la Hacienda Pública, entre otros.
Soler y Pujante fueron concejales en el ayuntamiento de Lorca en el tiempo al que corresponden los hechos investigados y ahora gozan de protección especial como parlamentarios regionales, por su calidad de aforados.
El juez Romero tiene intención de mantenerse al frente de la instrucción en la parte del caso Limusa relacionada con la presunta comisión de delitos fiscales por parte de los imputados.
Junto a Gil los imputados en el caso son el ex alcalde de la ciudad, Miguel Navarro, y dos ex concejales de sus equipos de Gobierno que tuvieron responsabilidades directas en Limusa, Miguel Miras y Jesús Molina, además del ex concejal de Economía y Hacienda, Manuel Sevilla.
En el marco de las operaciones, que se iniciaron el pasado 3 de marzo, la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional también detuvo al notario Sebastián Fernández, al dentista Urbano Alejo, al ex presidente del Lorca Deportiva, Antonio Baños y a su hermano José, ambos empresarios.
Igualmente fueron detenidos durante la instrucción el ex interventor del ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyatos, el corredor de seguros Ángel Trinidad Martínez y el director de una sucursal de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Manuel Latorre.
La operación se inició el 3 de marzo con la detención del ex director de Limusa, un día después de su despido disciplinario de la empresa y comenzó a raíz de la denuncia de un trabajador de la firma, Jacinto Arcas, con el que mantenía otro litigio por acoso laboral, que durante años reunió información comprometida sobre la doble contabilidad que se llevaba en la empresa municipal.
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