La comisión del caso Limusa analiza las facturas irregulares de casi 100.000 euros de Gil

Lorca.-  La comisión de control y fiscalización creada para depurar responsabilidades políticas de la presunta trama de corrupción en la empresa municipal de limpieza Limusa, de Lorca (Murcia), ha analizado hoy facturas irregulares por valor de casi 100.000 euros emitidas por el ex gerente, Francisco Gil.

El alcalde de la ciudad, Francisco Jódar, ha informado hoy de parte de los contenidos de esta tercera reunión de la comisión que preside, en la que han participado representantes de los grupos municipales de PP, PSOE e IU, que trabajan con los más de 3.000 folios y 50.000 documentos del sumario judicial del caso, para el que se ha ampliado la fase de instrucción.

La comisión han estudiado 53 de las facturas que Gil, considerado el cerebro de la trama que supuestamente malversó fondos públicos, cargó a las cuentas de Limusa y que correspondían a gastos particulares en telefonía, electrodomésticos y juegos de ordenador por valor de más de 20.000 euros.

Asimismo, ha analizado facturas correspondientes a comidas que Gil cargó entre 2003 y 2007 a las cuentas de Limusa, emitidas en días no laborables en restaurantes de distintos puntos de España y que ascienden a 74.814 euros y que, en algunos ejercicios, como el de 2007, superan los 25.000.

Estos documentos han sido incluidos en las dos ampliaciones de la carta de despido disciplinario de Gil, que se emitió el día antes de su detención, el pasado marzo, y que el ex gerente recurrió ante un juzgado de lo Social de Murcia.

La comisión ha conocido también las conclusiones del informe pericial de un ingeniero informático que certifica que los documentos de 2001 y 2003 en los que los ex concejales delegados de Limusa Jesús Molina y Bartolomé Soler, del PSOE, autorizaban a Gil a usar el material informático de la empresa para negocios particulares fue redactado en realidad el 1 de junio de 2007.

Según Jódar, el procesador de texto empleado para redactar el documento no se comercializó hasta fechas posteriores a las que figuraban en los documentos, por lo que Molina y Soler, imputados en el caso, lo rubricaron en 2007, cuando ya no tenían responsabilidades de Gobierno en el ayuntamiento de Lorca.

También se ha puesto en conocimiento de la comisión que el juez instructor del caso, Sergio Romero, ha ordenado nuevos trámites y diligencias, por lo que en los próximos meses no habrá juicio oral.

El representante de IU, Pedro Sosa, ha pedido a la comisión que cite a declarar a los ex alcaldes y ex concejales de la ciudad con responsabilidad cuando se produjeron los hechos, demanda que será tenida en cuenta, según Jódar, que ha reconocido que los llamados a declarar tendrán la libertad de no hacerlo o de no responder a las preguntas que se les formulen.

Se da la circunstancia de que el ex alcalde del PSOE Leoncio Collado es uno de los representantes del partido en la comisión.

Sosa ha sostenido que las comparecencias se extiendan a los funcionarios que se estimen oportunos "para lograr más información para el esclarecimiento de los hechos", y ha denunciado "la actitud negativa" de los representantes del PSOE, que han considerado que su planteamiento puede enturbiar el procedimiento judicial.

En el marco de la trama Limusa han sido arrestados y puestos después en libertad con cargos el ex alcalde del PSOE Miguel Navarro, tres ex ediles de sus equipos de Gobierno, el ex director de Limusa y el ex interventor municipal, además de varios empresarios, un notario, un médico y un empleado de banca.

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia también ha encontrado indicios de delito de malversación en el concejal delegado de Limusa Bartolomé Soler, ahora diputado autonómico del PSOE.