MADRID.- El Gobierno abrirá en octubre un programa de reindustrialización para la zona de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que prevé una inversión de 25 millones de euros en el año 2010, según anunció este jueves el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en el Congreso de los Diputados.
Sebastián explicó a los miembros de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio que esta medida para el entorno de la instalación nuclear se suma a las convocatorias específicas similares que ya existen para otras comarcas españolas como el Campo de Gibraltar, Teruel o la Bahía de Cádiz. En ese sentido, indicó que la convocatoria prevé para el periodo 2010-2013 un importe de 100 millones de euros, de los que 24 millones se concederán con subvenciones a fondo perdido y los restantes, con anticipos reembolsables sin interés.
Así, añadió que el próximo mes de septiembre se iniciará la campaña de información y difusión de la convocatoria para minimizar las consecuencias en la actividad económica de la zona de Garoña. Sebastián explicó que el Gobierno prevé que el listado de proyectos aprobados y las ayudas concedidas se publicará en febrero de 2010.
Sebastián señaló que se dará prioridad a las iniciativas industriales de carácter productivo, que generen empleo y que sean fuerza motriz de desarrollo empresarial y que incorporen procesos de alto contenido tecnológico; las iniciativas que se dirijan a conseguir suelo industrial de calidad, competitivo y con adecuadas infraestructuras que aumenten el "atractivo" de la zona a nivel empresarial; y las que, sin ánimo de lucro, que proporcionen soluciones tecnológicas para la mejora de la productividad de las PYMES.
El ministro de Industria enmarcó la decisión del Ejecutivo de cerrar la central nuclear el 6 de julio de 2013 en la fidelidad al mandato recibido en las urnas de reducir progresivamente la participación de la energía nuclear y de fomentar las energías renovables y el ahorro energético. No obstante, subrayó que el cierre no debe ser entendido como una "renuncia taxativa de este Gobierno a la energía nuclear", ya que el Gobierno "no puede renunciar a la energía nuclear en su conjunto mientras no haya una alternativa limpia, segura y almacenable".
Asimismo, aseguró que la decisión del Gobierno "no pone en cuestión la energía nuclear en su conjunto, sino que analiza para un caso concreto, y teniendo en cuenta factores técnicos, económicos y energéticos, la oportunidad de prorrogar la actividad de una instalación que está llegando al final de su vida útil".
En ese sentido, recordó que los principales componentes de la instalación fueron diseñados para 40 años, y que la posibilidad de prorrogar el permiso de explotación "no es la regla sino la excepción que marca la ley para un caso de estas características". Esa excepción, según Sebastián, se debió a que la decisión "compete al Gobierno en exclusiva" y no sólo a las consideraciones técnicas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que se manifestó por unanimidad favorablemente al funcionamiento durante al menos 10 años más de la planta burgalesa.
Sin embargo, expresó que en sus valoraciones el Ejecutivo se decidió por prorrogar hasta 2013 su actividad debido a que en 2008 la central generó el 1,3 por ciento del total de la electricidad generada en España, algo que para Sebastián es sustituible sin poner en peligro la garantía de suministro y además supone "una oportunidad para seguir promoviendo políticas de ahorro energético y de desarrollo de las energías renovables".
También subrayó que debido a un cambio estructural en el sector se ha producido un exceso de capacidad de la demanda eléctrica, que ha permitido exportar energía por encima de la que genera Santa María de Garoña. Por ello, incidió en que estas razones y la intención del Ejecutivo de seguir desarrollando las energías renovables hacen que la decisión de cierre sea "congruente con una mayor participación de este tipo de fuentes energéticas" en el mix energético español.
Al mismo tiempo, recordó que la normativa europea establece que en 2020 el 20 por ciento de la energía final deberá ser procedente de fuentes renovables y un 40 por ciento en el caso de la electricidad.
El ministro acotó que en la "excepción" de la prórroga, también intervinieron otros factores derivados del cese operativo d e la central en condiciones de seguridad, su desmantelamiento y la evacuación y el almacenamiento de los residuos radiactivos, así como el efecto que el cierre tendrá en la zona.
Finalmente, sobre esta cuestión, se refirió a la necesidad de un Almacén Temporal Centralizado como requisito previo para su desmantelamiento, lo que aconsejó "prorrogar su funcionamiento hasta julio de 2013", y la necesidad de poner en marcha el plan de actuaciones para el desarrollo económico de la zona una vez cierre la central.
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