Quintana Martín Galindez (Burgos).- El Valle de Tobalina, que agrupa a 32 pedanías del norte de la provincia de Burgos, dejará de ingresar dos de los tres millones de euros que recauda anualmente por impuestos por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña.
En una entrevista concedida a Efe el alcalde del Valle de Tobalina, Rafael González, ha asegurado que anualmente el Valle de Tobalina tiene unos ingresos aproximados por impuestos de 3 millones de euros, de los que dos proceden de aportaciones de la planta nuclear.
González ha agregado que al gravísimo perjuicio económico que supondrá para el municipio el cierre de la central, ya que se perderían dos tercios de los ingresos anuales, hay que añadir la pérdida de puestos de trabajo y el riesgo de despoblamiento de una zona que tiene en Garoña su principal referente económico.
El alcalde ha resaltado también que la central tiene una gran influencia económica no solo sobre el Valle de Tobalina, sino sobre los 14 municipios situados en un radio de 10 kilómetros de la planta y que tendrán también graves quebrantos económicos y sociales para los ayuntamientos y la población.
Rafael González ha indicado que el Ayuntamiento del Valle de Tobalina, al igual que la Asociación de Municipios Nucleares de España se han dirigido por escrito a los titulares de los ministerios de Industria y Trabajo y se ha lamentado de que, a fecha de hoy, nadie del Gobierno se haya dirigido a ellos para informarles de la decisión de cierre ni de los planes de reindustrialización de la zona.
En este sentido, el alcalde del Valle de Tobalina ha reclamado que, si finalmente se cierra Garoña, las principales inversiones por los planes alternativos de reindustrialización, se realicen en los municipios más cercanos, que a su vez son los más perjudicados.
Asimismo ha indicado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) estudian la viabilidad de iniciar acciones legales contra la decisión del Gobierno.
"Tenemos la firme decisión de recurrir la Orden Ministerial" y no se descarta tampoco solicitar indemnizaciones por el "lucro cesante", el dinero que dejará de ingresar el Ayuntamiento por el cierre de la planta, ha anunciado.
Rafael González ha indicado que las palabras del ministro de Industria, Miguel de Sebastián, sobre la "pelea" que se abrirá tras el verano entre muchos ayuntamientos para albergar un Almacén Temporal de Residuos Nucleares, no cambian para nada la decisión adoptada en pleno.
González ha recalcado que no desean que este tipo de instalación se ubique en el Valle de Tobalina y solo se muestra a favor de que la central de Garoña siga funcionando hasta 2019, cuando, según el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, acabará su vida útil.
Asimismo ha exigido "seriedad" y "rigor" a los responsables políticos y ha recordado que un Almacén Temporal de Residuos Nucleares no se puede ubicar en cualquier lugar, sino que deberá de reunir requisitos geológicos, técnicos y de comunicaciones que no todos los ayuntamientos podrán cumplir.
Por eso ha señalado que lo primero que debe hacer el Gobierno es publicar el concurso que corresponda para que los Ayuntamientos que estén dispuestos a concurrir conozcan las condiciones que se exigen y las ventajas y perjuicios de esa instalación.
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