México.- Amnistía Internacional (AI) anunció hoy que pedirá a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua que se pronuncie sobre "la legalidad y la constitucionalidad" de una ley que prohíbe totalmente el aborto, inclusive en los casos en que la salud de la madre y el feto corren peligro.
La secretaria general adjunta de Amnistía Internacional (AI), Kate Gilmore, informó sobre esta solicitud al presentar en México un informe crítico con el Gobierno de Managua sobre la materia y lanzar una campaña mundial para tratar de abolir esa ley penal, aprobada en 2008 por Daniel Ortega.
La semana pasada la activista visitó Nicaragua donde se entrevistó con el ministro de Salud, Guillermo González, y con mujeres afectadas por la actual legislación, pero no pudo ver a Ortega.
En su reciente viaje Gilmore tampoco se entrevistó con ningún magistrado, pero considera necesario acudir a la CSJ y recordar "que los órganos de la ONU ya se han declarado sobre el carácter ilegal de esta ley".
Gilmore señaló que el asunto es una cuestión "de urgencia extrema", ya que en lo que va de 2009 han fallecido por complicaciones en sus embarazos 33 mujeres y niñas, por encima de los 20 casos registrados en el mismo período de 2008.
Estos datos se contradicen con los del ministerio de Salud del país centroamericano que señalan que la mortalidad materna se redujo un 58% entre 2008 y 2009.
La actual ley penal antiabortista en Nicaragua, aprobada el 26 de octubre de 2006 y en vigor desde 2008, "está poniendo en peligro" las vidas de niñas y mujeres "negándoles tratamiento para salvar sus vidas", lo que ha incrementado el aumento de las muertes maternas en el país centroamericano, según Gilmore.
La normativa establece penas de prisión para las mujeres que pretendan interrumpir la gestación y para los médicos y otros profesionales de salud que presten servicios asociados con el aborto.
A diferencia de lo que sucede en otros países, esta normativa penaliza el aborto terapéutico, aquel que busca salvar a la madre cuando su vida, su salud física o mental, corren peligro, o que pretende evitar el nacimiento de niños con enfermedades congénitas.
Por todo ello Gilmore considera la ley "ilegal, imposible de ejecutar, irracional, discriminatoria, cruel, inhumana y degradante".
AI reclama la derogación de cuatro artículos del actual Código Penal nicaragüense (143, 145, 148 y 149) por considerar que constituyen "una legislación retrógrada".
La activista considera que tras la decisión del Gobierno nicaragüense hay presiones de grupos religiosos y "una intención deliberada de actuar sin compasión, cruelmente", en relación con las mujeres y niñas víctimas de incesto y violación y obligadas a tener hijos.
Explicó que antes de aprobar la ley se advirtió a Managua de que la misma contravenía las obligaciones del país centroamericano ante la ONU, el sistema interamericano de derechos y con protocolos como el de atención de complicaciones obstétricas de Nicaragua.
"Una vez esta ley fue adoptada, las defensoras y defensores de derechos humanos han estado con valentía recordándole al gobierno de la naturaleza ilegal e inhumana de esta ley", agregó Gilmore, a quien acompañaron algunas abogadas nicaragüenses.
Finalmente recordó que, con su actual legislación penal, Nicaragua forma parte del 3% de los países del mundo que mantienen una prohibición total al aborto, concluyó Gilmore.
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