Lima.- Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno peruano que ponga en marcha una estrategia nacional para reducir la alta tasa de mortalidad materna, una de las más elevadas de la región y que tiene mayor incidencia en las mujeres indígenas y de zonas rurales pobres.
En el informe "Deficiencias fatales: las barreras a la salud materna en el Perú", que se hizo público hoy, AI recordó que para la ONU la tasa de mortalidad materna en este país es una de las más altas de Latinoamérica, aunque reconoció que ha habido tímidos avances al respecto y subrayó que existe una discrepancia con la cifra proporcionada por el Gobierno peruano.
Las autoridades peruanas establecen que la tasa de mortalidad infantil es de 185 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, mientras el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) la eleva a 240.
Amnistía también insiste en que las estadísticas del Gobierno peruano referidas al acceso a la salud y morbilidad materna en el país no están desglosadas y no muestran las diferencias entre las zonas rurales y urbanas.
Según datos del Ministerio de Salud de Perú del 2007, un 27 por ciento de las muertes de mujeres por causas relacionadas con el embarazo se produjeron durante el proceso de gestación, otro 26 por ciento durante el parto mismo, y 46 por ciento durante las seis semanas siguientes al nacimiento.
Las cinco causas principales de la muerte asociada al embarazo en Perú son: hemorragia, preeclampsia, infección, complicaciones tras un aborto o un parto obstruido.
Otros datos citados por Amnistía dan cuenta de que las mujeres pobres de zonas rurales o indígenas, que son las principales víctimas de mortalidad materna, no tienen acceso a centros de salud, lugares que en su mayoría no cuentan con un botiquín de primeros auxilios.
"Las profundas desigualdades existentes en la sociedad peruana se reflejan en grandes diferencias entre los índices de mortalidad materna de las mujeres de zonas pobres y ricas", remarca el informe, que además insta a las autoridades a eliminar los obstáculos que impiden o retrasan el acceso de las mujeres a servicios obstétricos o de urgencia.
AI puntualizó que entre los obstáculos para una adecuada atención está la lejanía y la falta de calidad de los centros de salud, así como la falta de información tanto de la paciente como del personal sanitario, especialmente en zonas indígenas y rurales.
También recordó que en Perú es legal el aborto terapéutico, al que se somete una mujer cuando el embarazo pone en peligro su vida o su salud física o mental, pero aún "la normativa es imprecisa" por lo que muchas mujeres se ven obligadas a terminar con sus embarazos de forma clandestina.
AI recordó que el Gobierno peruano incluyó entre las cinco metas estratégicas de la política social de 2008 las mejoras en la salud materno infantil y la reducción del índice de mortalidad materna a 120 por cada 100.000 nacimientos para 2015.
Para cumplir con este objetivo, AI recomendó al Gobierno que apruebe, financie y ponga en marcha una estrategia nacional para prevenir y reducir la morbilidad materna.
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