Caracas.- El presidente venezolano, Hugo Chávez, ratificó hoy que el Estado "recuperará" las concesiones de las "centenares" de emisoras de radio privadas que operan en el país supuestamente sin los permisos reglamentarios.
Chávez respaldó así la iniciativa del ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, de iniciar procesos administrativos a unas 240 emisoras de radio que no actualizaron sus datos ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el pasado junio.
"Lo ratifico ante el país: el que no tenga permiso, el que esté violando la ley, nosotros vamos a recuperar el espectro radioeléctrico para ponerlo a la orden del país, del pueblo", manifestó Chávez, en un acto oficial con estudiantes universitarios transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión.
Explicó que el ministro Cabello le ha expuesto al Ejecutivo "el tema de los latifundios mediáticos", constituidos por "centenares" de emisoras privadas de radio de las frecuencias AM y FM "que están operando ilegalmente".
"No son pequeñas (radioemisoras), la mayoría hasta son circuitos radiales de alcance nacional, que no tienen permiso", sostuvo el gobernante.
Cabello anunció la semana pasada el inicio los procesos administrativos contra las 240 emisoras privadas de radio y otras 45 de televisión que no actualizaron sus datos ante la Conatel, los cuales podrían finalizar con la revocación del permiso de transmisión.
El ministro ha argumentado que los concesionarios que se abstuvieron de asistir a las jornadas de actualización "estarían operando ilegalmente", lo que acarrearía además del retiro del permiso de emisión "el decomiso del equipo" de transmisión y la prohibición de operar en el sector durante "cinco años".
Cabello ha insistido en que con la "regularización" de los concesionarios de los medios radioeléctricos el Gobierno "revolucionario" persigue acabar con el "latifundio" que dominaría el sector, y que quedaría demostrado con el hecho de que "27 familias" controlan el "32 por ciento" del espectro.
La Cámara Venezolana de la Radiodifusión dijo que la "amenaza" gubernamental de "cierre" de las 240 emisoras, que constituyen cerca del 40 por ciento de las que operan en el país, constituye una "violación" a las leyes locales y tratados internacionales que amparan las libertades de expresión e información.
La Cámara ha repudiado por "repentina" y "desproporcionada" la medida, que, ha añadido, "carece de fundamento" porque las emisoras de radio miembros de la Cámara "han cumplido todos los trámites exigidos por la Conatel a partir del año 2000, para adecuarse a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones".
Sectores políticos de oposición han afirmado que con la medidas contra las radios privadas el Gobierno "revolucionario" supuestamente pretende acallar a la disidencia.
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