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Chamizo pide reflexión antes de reformar la ley sobre violaciones de menores

EFE
Actualizado 21-07-2009 17:47 CET

Gandia (Valencia).-  El defensor del Pueblo y del Menor en Andalucía, José Chamizo, considera que antes de reformar la Ley del Menor "hay que hacer un estudio de los casos que ha habido de menores imputables, y una vez se tengan los datos hacer una reflexión".

Chamizo ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa posterior a su intervención en uno de los cursos de la universidad de verano de Gandia en relación con la polémica suscitada por las violaciones a menores ocurridas recientemente en Andalucía.

Para el defensor del Menor, los casos de violaciones a dos niñas por menores de 14 años en Baena (Córdoba) e Isla Cristina (Huelva) "son atroces y nos remueven la conciencia, porque soy de los que entienden que los menores son una responsabilidad compartida entre los padres y la sociedad".

"Estamos ante un caso de violencia de género puro y duro, lo que nos hace reflexionar sobre como este tipo de violencia baja en edad", ha señalado.

Chamizo se muestra partidario de que este tipo de acciones "no queden impunes" y de que intervenga el Ministerio Fiscal, aunque considera que la solución pasa primero porque "padres e hijos se sometan a un tratamiento de terapia familiar", y que, ante temas tan graves, "los menores de 14 años ingresen en un centro para menores con trastornos de conducta".

"Lo que no puede ser es que su actitud no tenga ninguna consecuencia porque puede ser que de aquí a un año lo vuelvan a hacer", sostiene.

Chamizo se ha referido también a la situación de los inmigrantes en nuestro país, y ha analizado las políticas migratorias actuales tanto en España como en Europa, a las que ha calificado de "restrictivas".

El defensor del Pueblo Andaluz sostiene que "para ser ciudadano del mundo sobra con nacer, pero lo hemos complicado tanto que si no tienes papeles ya no lo puedes ser".

Chamizo ha pedido que "pare la persecución contra los inmigrantes", y que el Gobierno "realice una moratoria para las personas que, teniendo permiso de trabajo y de residencia, no pueden cotizar los seis meses necesarios y por tanto caen de nuevo en la irregularidad".

Del mismo modo, defiende que "se anule la orden de expulsión para aquellos que tienen arraigo social".

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