Washington.- La secretaria de Estado, Hillary Clinton, valoró hoy el compromiso de México en la lucha contra el narcotráfico y señaló que, pese a las denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, los pasos dados por el Ejecutivo de Felipe Calderón merecen la "confianza" estadounidense.
La jefa de la diplomacia de EE.UU. entregará en los próximos días al Congreso un informe sobre la situación de los derechos humanos en México y la lucha contra el narcotráfico para determinar si mantienen congelada una partida de fondos de la Iniciativa Mérida por el incumplimiento de algunos puntos en esta materia.
Clinton, que compareció ante la prensa tras la reunión trilateral que mantuvo con la canciller mexicana, Patricia Espinosa, y su homólogo canadiense, Lawrence Cannon, señaló que Calderón está "muy preocupado" por estos supuestos abusos.
Además, el mandatario mexicano "ha sido muy claro" al asegurar que una de sus principales metas es que la Policía y el Ejército estén bien entrenados y cumplan las normas, afirmó.
La secretaria apuntó que Estados Unidos ha trabajado "muy de cerca" para facilitar recursos y entrenamiento a las fuerzas de seguridad de ese país, que libran una batalla "muy difícil con los narcotraficantes y los cárteles más despiadados del mundo".
"¿Eso significa que no pensemos que esas violaciones son inaceptables? Por supuesto que no", pero señaló que "los pasos dados y el compromiso demostrado por la administración de Calderón merecen confianza".
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) han solicitado a Estados Unidos que no envíe más ayuda a México hasta que se aclaren los supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra la población.
Entre otras medidas, la organización pide que sean juzgados por autoridades civiles y no por tribunales castrenses, por considerar que los jueces militares "no gozan de suficiente independencia para asegurar que estos casos sean adecuadamente juzgados".
En su informe "Impunidad uniformada" presentado en abril, HRW acusó a militares mexicanos de matar a doce civiles desarmados durante los dos últimos años, violar a una veintena de mujeres y detener ilegalmente y torturar a otras 50 personas en operaciones contra el crimen organizado.
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