Lima.- Los dos dirigentes indígenas amazónicos peruanos a los que Nicaragua otorgó recientemente asilo político, Saúl y Cervando Puerta, recibieron hoy sus salvoconductos de la Cancillería de Perú y viajarán en las próximas horas a ese país centroamericano.
Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano entregó al mediodía de hoy los salvoconductos a los hermanos en la sede de la embajada de Nicaragua en Lima y, minutos después, los líderes indígenas se dirigieron al aeropuerto, escoltados por agentes de Seguridad del Estado y de la Policía Nacional.
Saúl Puerta es secretario nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y su hermano Cervando es presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian), dos de las entidades representativas de las comunidades nativas de la selva que promovieron las protestas en esa región en junio pasado.
Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana realizaron una larga protesta, desde el pasado abril, en rechazo a un paquete de leyes que consideraban perjudiciales a sus derechos, manifestación que terminó en un enfrentamiento con la policía y dejó 24 agentes y 10 civiles muertos en la ciudad de Bagua, el pasado 5 de junio.
A raíz de esos violentos hechos, la Justicia peruana denunció al presidente de la Aidesep, Alberto Pizango, y a otros cuatro dirigentes nativos, entre los que se encuentran los hermanos Puerta, y ordenó sus respectivas detenciones.
Las órdenes de captura también pesan contra Marcial Mudarra Taki y Teresita Irene Antaza López, quienes se refugiaron en sus propias comunidades y no han sido ubicados hasta el momento.
Pizango buscó asilo en la embajada de Nicaragua en junio pasado y viajó a ese país centroamericano, y luego hicieron lo mismo Saúl y Cervando Puerta.
Los hermanos Puerta se encontraban desde el pasado 6 de julio refugiados en la sede diplomática nicaragüense y tres días después el Gobierno de esa nación les otorgó el asilo.
Los cinco dirigentes de Aidesep son acusados de ser los presuntos autores de delitos contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado, por su actuación en las protestas indígenas que derivaron en junio en duros enfrentamientos.
La actual presidenta de Aidesep, Daisy Zapata, exigió la semana pasada "que cese la persecución" contra los dirigentes indígenas y dijo que si persistía iban a abandonar el diálogo con el Gobierno para solucionar las demandas de sus comunidades.
La crisis con los pueblos amazónicos ha sido la más grave del Gobierno de Alan García, pues el Ejecutivo tuvo que retirar dos leyes que buscaban agilizar las inversiones en la selva, pero fueron aprobadas sin respetar los necesarios mecanismos de consulta.
Esta crisis derivó en una caída del primer ministro, Yehude Simon, y de parte de su gabinete.
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