Madrid.- La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy la nueva estructura de sus servicios de Seguridad, en la que "todas las competencias" pasan a depender del director general, Enrique Barón, y con la que se "evitará la duplicidad de funciones que se venía prestando por técnicos de Seguridad desde la época de Leguina".
Así lo ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que ha dado luz verde al cambio de estructura.
Granados ha explicado que el nuevo modelo "evita que convivan servicios de Seguridad del Ministerio del Interior con los de la Comunidad de Madrid", y ha subrayado que "toda la política de Seguridad" dependerá de Enrique Barón.
Bajo su mando, se crean tres subdirecciones generales: Seguridad Operativa, Gestión Administrativa y Política de Interior.
Barón también será el responsable de una "Unidad Adscrita de la Policía Nacional" -que el Ministerio y la Comunidad vienen negociando desde finales de 2008-, que realizará "todas las labores de Seguridad, incluidas las que hasta ahora hacían los técnicos de Seguridad"; y de una Unidad de Seguridad de Edificios, que lleva a cabo la Guardia Civil.
El cuerpo de Agentes Forestales, que dependía de Medio Ambiente en sus laborales de policía medioambiental, también pasa a depender de la Dirección General de Seguridad.
Al mismo tiempo, se crea un Comité de Dirección de Seguridad, que se encargará de "coordinar toda la política de Seguridad de la Comunidad de Madrid, incluidos sus entes y empresas públicas", como el Canal de Isabel II, Metro, Radio Televisión Madrid (RTVM) y Campus de la Justicia.
Todos los directores y responsables de seguridad de las consejerías, empresas y entes de la Comunidad de Madrid estarán en ese Comité dirigidos por Enrique Barón, como ya adelantó Granados el pasado 14 de mayo en una comparecencia en el Parlamento regional.
"Lo más importante es que toda la política de Seguridad y toda la Seguridad de la Comunidad de Madrid dependerá en exclusiva de Enrique Barón", ha insistido el consejero.
El Gobierno regional cambia así su estructura de Seguridad, cuatro meses después de cerrarse en la Asamblea la Comisión de Investigación sobre el supuesto espionaje a políticos del PP en la región.
Por ese supuesto espionaje, interpusieron sendas denuncias en los juzgados el diputado autonómico y ex consejero de Justicia Alfredo Prada y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
Granados ha asegurado hoy que no tiene "ninguna noticia" sobre las diligencias abiertas en relación al posicionamiento de los teléfonos móviles de personal de la Comunidad de Madrid, ni a las declaraciones como imputados de trabajadores de su Consejería y pruebas periciales de escritura solicitadas por el abogado de Prada.
Ha explicado también que la jueza todavía no ha comunicado al PP de Madrid si acepta su personación en el proceso y ha expresado la "confianza absoluta y total del Gobierno en la Justicia" y en que el "proceso demostrará si se ha espiado o no, quién lo ha hecho y si lo ha hecho por cuenta de alguien".
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