Valencia.- El Informe Raxen 2009, elaborado por el Movimiento contra la Intolerancia, detecta la emergencia de movimientos xenófobos y racistas en regiones en las que hasta ahora no los habían registrado como Andalucía, Baleares, Aragón, Castilla y León y Murcia.
Este informe recoge 350 hechos de intolerancia, xenofobia y racismo en España durante 2008, así como un crecimiento de este tipo de incidentes en todo el país y con especial intensidad en la Comunitat Valenciana, Madrid y Cataluña.
En la presentación del estudio en Valencia, su director, Esteban Ibarra, ha destacado el "preocupante" caso de la Comunitat Valenciana, donde se han registrado más de 80 casos de este tipo de violencia, por detrás de la Comunidad de Madrid, donde hubo cerca de 60, y de Cataluña, con más de 40.
El estudio, que cumple una década y que respondía al asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez en 1992, ha recogido desde ese año 80 asesinatos por motivos xenófobos o racistas, aunque Ibarra ha apuntado que "quedan más como indigentes quemados por la noche y sin nombre", así como entre 3.000 y 4.000 agresiones en toda España.
Ibarra ha advertido del "desafío" de esta violencia neofascista en España y Europa ante la mayor coordinación de grupúsculos a través de Internet, y la "debilidad institucional" que les permite organizarse y manifestarse desde los estadios de fútbol y conciertos de música, como los veintidós localizados durante 2008.
"Con este informe queremos superar esa imagen fragmentada que aparece en los medios de comunicación para demostrar que no son hechos puntuales, sino una ola de xenofobia importante que si aquí no ha llegado al Congreso como partido político es porque el movimiento está todavía muy dividido", ha denunciado.
Según Ibarra, en las más de 200 webs que recogen propaganda neofascista en España se atisban los primeros proyectos políticos, como uno llamado "Iniciativa Unidad", así como ataques coordinados como "un juego para matar" al propio representante de Movimiento contra la Intolerancia, que se produjo después de un juicio a "skin heads" y que ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid.
En cuanto a la acción institucional, Ibarra ha señalado que "el espíritu para combatir" esta violencia existe pero "falta su aplicación" al no existir un registro institucional, una tipificación del delito por odio, una aplicación de la ley con "rigor" y una protección de las víctimas al mismo nivel que las del terrorismo.
Unidades especiales de policía y una Fiscalía específica que persigan este tipo de violencia serían, según Ibarra, las medidas institucionales "necesarias" para "aprovechar el retraso con el que cuenta España, porque todavía no hay movimiento político consolidado", como en otros países europeos.
Asimismo, ha explicado la "gravedad" de los casos de la Comunitat por el "residuo antidemocrático latente" de la transición democrática de esta autonomía, la "falta de reacción institucional" y la "impunidad policial" con la que cuentan delitos de grupos neofascistas, según ha denunciado ante la Delegación del Gobierno.
Pese a este escenario, Ibarra ha reconocido "el paso serio" que ha dado la Fiscalía de Valencia al permitir a las víctimas de este tipo de violencia denunciar sin precisar su domicilio, un requisito que frena el número de recursos de este tipo por "miedo" a ser localizados y agredidos.
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