Valladolid.- El 75 por ciento de las 40.000 viviendas nuevas que permanecen sin comprador desde hace meses en Castilla y León se podrán convertir en vivienda protegida para favorecer el acceso de las familias y, a la vez, movilizar los 5.250 millones en que están valorados estos inmuebles.
Se trata de uno de los acuerdos alcanzados hoy en la reunión del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, en el que han intervenido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los máximos dirigentes autonómicos de CC.OO., Ángel Hernández; de UGT, Agustín Prieto, y de la patronal Cecale, Jesús María Terciado.
El acuerdo establece que los promotores y las entidades financieras que tienen un 'stock' de 40.000 viviendas sin vender ponen una parte de estos inmuebles a disposición de la Junta, que por medio de su pagina web difundirá el listado de viviendas que son susceptibles de convertirse en protegidas y, por lo tanto, se rebajaría su precio para el comprador por la aportación de la Administración autonómica.
Se calificarán como viviendas protegidas todas aquellas que figuren en este registro y sean demandadas por un ciudadano que cumpla los requisitos actuales para acceder a un inmueble subvencionado, mientras que las que no sean objeto de deseo de un ciudadano seguirán figurando como vivienda libre.
No sólo la fórmula de la compra está incluida en el acuerdo, sino que también podrán integrarse en los regímenes de subvenciones públicas al alquiler, para el que quedarán reservadas al menos el 25 por ciento de las viviendas que componen el 'stock'.
El presidente de la Junta ha reconocido que, a pesar de la iniciativa concretada hoy, será en "el final de la cadena", cuando los ciudadanos acudan al banco para financiar la compra de su vivienda, se encuentren con el "problema central".
En este sentido, se ha reconocido "acongojado" ante la incertidumbre sobre cómo "desenredar la madeja" en que se ha convertido la crisis económica en España, con vertiente financiera y también ligada a la construcción, por la caída de las ventas de pisos.
Además de este acuerdo, también en materia de vivienda, el Consejo del Diálogo Social ha sentado las bases sobre las que elaborar la futura Ley de Derecho a la Vivienda, con el objetivo de dar una mayor agilidad a la tramitación de esta norma y convertirla en la norma de referencia en materia de vivienda en Castilla y León.
Esta norma servirá para abordar las diferentes perspectivas que tiene esta materia, por un lado para estimular la promoción y rehabilitación de viviendas y por otro lado gestionar la forma en que se ponen en el mercado las viviendas protegidas, para garantizar el acceso en igualdad de oportunidades a las viviendas subvencionadas.
El Consejo del Diálogo Social ha rubricado también el acuerdo en materia de conciliación de la vida laboral y familiar con el respaldo de programas como "Madrugadores", "Tardes en el Cole" y "Centros abiertos", a los que la Junta dedicará durante 2009 unos 6,2 millones de euros.
En esta materia, el consenso alcanzado hoy es que esta cantidad se incrementará el 2 por ciento anual hasta 2012, lo que permitirá incrementar el número de monitores por alumno, según las palabras de los representantes sindicales, conformes con el pacto.
Tanto Herrera como los representantes sindicales han reconocido que será en septiembre cuando se retomen el resto de asuntos pendientes en las mesas del Diálogo Social, entre los que destaca la denominada Renta Básica de Ciudadanía, cuyo establecimiento está previsto en el Estatuto, y que Herrera se había comprometido a pactar antes del próximo 31 de julio.
Sobre este asunto, el más explícito ha sido el líder de UGT, quien prefiere esperar a septiembre y tener un modelo "con garantías de futuro" a que ahora, por las "prisas", se haga "una chapuza", ya que actualmente se disponen de instrumentos para afrontar los "casos extremos" de personas que están en paro y sin subsidio, entre los que ha citado los itinerarios activos de empleo y el denominado IMI.
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