MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que hará "más fácil y barato" abrir un comercio minorista en España, porque elimina con carácter general las autorizaciones administrativas y simplifica los trámites, según afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
En la rueda de prensa posterior al consejo, De la Vega explicó que la modificación responde al propósito de adaptar la normativa a los objetivos que establece la Directiva Europea de Servicios en el mercado interior, que "impone la eliminación de trabas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios".
La vicepresidenta destacó del proyecto de ley, que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado, la eliminación de la inscripción obligatoria del inicio de la actividad en los registros de ventas a distancia y de franquiciadores y la clarificación de la venta ambulante.
"Las comunidades autónomas establecerán un procedimiento de autorización que integrará todos los trámites necesarios cuando así lo exija específicamente un sector determinado", apuntó De la Vega.
Según remarcó, con esta ley, el Gobierno "continúa liberalizando el sector servicios, se garantiza el equilibrio entre diferentes modelos comerciales y se satisfacen las necesidades de los consumidores, es decir, de todos los ciudadanos".
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informó de que la nueva Ley "respeta" las competencias de las comunidades autónomas, puesto que el comercio interior es su "competencia exclusiva" y, por tanto, "serán las autonomías las que regulen el procedimiento de autorización para la instalación de establecimientos comerciales".
POSIBLES SANCIONES.
Así, en los caso en que España pudiera ser sancionada en un procedimiento de infracción europeo cuyo origen esté en la legislación autonómica de comercio, las eventuales sanciones se trasladarán a la comunidad autónoma que corresponda.
Entre las modificaciones más relevantes, el departamento de Miguel Sebastián destacó la eliminación de la obligatoriedad de la licencia comercial --aunque se podrá establecer un régimen de autorización "justificándolo debidamente"--, y la supresión de los criterios económicos, "restrictivos de la competencia".
El único "aspecto relevante" será el impacto medioambiental, urbanístico o sobre el patrimonio histórico-artístico que genere el establecimiento, sin tener en cuenta la superficie o el formato, puesto que se suprime la definición de gran establecimiento comercial, "evitándose con ello un trato discriminatorio desde la legislación estatal a los distintos formatos comerciales".
Las comunidades autónomas establecerán un procedimiento de autorización que integrará todos los trámites necesarios, lo que, según el Ministerio, "supondrá el adelantamiento del inicio la actividad comercial ahorrando costes a los operadores".
La Ley de Comercio Minorista ha sido modificada desde su aprobación hasta en siete ocasiones, con el fin de adecuar su contenido al "constante proceso de globalización de la economía" y a la necesidad de que la regulación en este ámbito se adapte a la realidad de los mercados.
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