MADRID.- El Gobierno tiene previsto dar luz verde durante el Consejo de Ministros de este viernes a la reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que dotará al comercio de mayor competencia, simplificación administrativa y flexibilidad y con "pleno respeto al reparto competencial" que en materia de comercio interior se atribuye a las comunidades autónomas, según palabras del ministro de Industria, Miguel Sebastián.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende adaptar la normativa española a las exigencias del mercado interior y al Derecho Comunitario, que exige la eliminación de los obstáculos a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.
No obstante, la normativa recibió críticas por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, fundamentalmente por el poder que otorga a las comunidades autónomas para regular el procedimiento de autorización para la instalación de establecimientos comerciales.
Ante estas críticas, el ministro de Industria recordó el pasado día 19 de junio que esta normativa incluye la libertad de establecimiento, con "ausencia de autorización" con carácter general, aunque recoge la posibilidad de que las autoridades competentes establezcan un régimen de autorización de instalación siempre que sea "necesario, no discriminatorio y proporcional", entre otros criterios. "Se elimina completamente la arbitrariedad", afirmó.
Según explicó el titular de Industria, esta ley supondrá un "salto cualitativo" en la libertad de establecimiento, pero "respetando el marco competencial" español. "En una situación como la actual, las políticas económicas no se pueden hacer desde los despachos de ningún gobierno, confederación empresarial o institución, sino a través del diálogo", afirmó el ministro, quien manifestó el respaldo de su departamento al sector de la distribución comercial.
Las principales líneas de la reforma se centran en la eliminación de la definición de gran establecimiento comercial, evitando discriminación entre formatos desde la ley básica estatal, así como la supresión de la exigencia de autorización para la instalación como principio general.
La creación de un régimen que permita la autorización, la prohibición del establecimiento de requisitos de naturaleza económica y la intervención de competidores en los procedimientos de autorización, así como el respeto a las competencias exclusivas en la materia de las comunidades autónomas, son otros de los objetivos de la normativa.
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