Santa Cruz de Tenerife.- Los gobiernos central y canario han acordado el traspaso a la Comunidad Autónoma de las competencias referidas a los cuatro parques nacionales de las islas por un importe de 16.477.413 euros, lo que supone un aumento en 4,5 millones respecto a la cantidad propuesta por el Estado en 2004.
La gestión por parte del Gobierno autónomo de los parques de La Palma (Caldera de Taburiente), Tenerife (Teide), La Gomera (Garajonay) y Lanzarote (Timanfaya) se hará efectiva el 1 de enero de 2010, después de que los ejecutivos canario y central firmen el acuerdo alcanzado ayer, informó hoy la Consejería regional de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
La firma de este acuerdo podría producirse en octubre, con motivo de la celebración de un Consejo de Ministros en las islas.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2004 por la que se declaró la competencia de las comunidades autónomas para gestionar los parques nacionales, se iniciaron las negociaciones para realizar el traspaso que se hizo efectivo ayer, después de un prolongado periodo en el que ambos gobiernos no alcanzaban un acuerdo "debido a discrepancias" en el coste del servicio objeto de transferencia, según apuntó la Consejería.
Con este acuerdo se inicia el procedimiento para dar cumplimiento a la proposición no de ley aprobada por unanimidad esta semana en el Parlamento de Canarias, en la que se estableció que la Comunidad Autónoma asumiera la gestión ordinaria de los parques nacionales.
Por otra parte se insta al Gobierno regional a crear la Red Canaria de Parques Nacionales y la puesta en marcha de un ente de derecho público, dotado de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, y en cuyo Consejo Rector participarán, además de representantes de la Administración autónoma, de la estatal, los cabildos y ayuntamientos en cuyas islas o término municipal se sitúen parques nacionales.
Para crear este organismo y para atender estas nuevas atribuciones, con garantías de conservación de estos espacios protegidos, el Gobierno autónomo trabaja actualmente en un proyecto de ley, según informó la Consejería.
La transferencia implica, además, una dotación de medio millar de trabajadores: funcionarios, personal laboral y trabajadores de Parques Nacionales para gestionar las nuevas competencias.
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