Madrid.- El Consejo Superior de Deportes presentará un recurso contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) que revoca la sanción impuesta por la Federación Española de Caza (RFEC) a Francisco Fernández Sierra, tras los sucesos acaecidos en el Campeonato de España de Caza Menor Con Perro celebrado hace dos años en Badajoz.
El mismo Tribunal ha desestimado la petición de indemnización promovida por Fernández Sierra, de 124.000 euros. Únicamente establece una cantidad de 10.000 euros, al ser anulada la sanción impuesta en su día por los órganos competentes, informa la Federación Española de Caza.
El TSJ, en contra del criterio del CSD, del abogado del Estado, el Fiscal personado en las actuaciones y la RFEC, considera que los reglamentos disciplinarios deportivos deben estar publicados en el BOE, no comparte la tesis de la administración y de la Ley del Deporte de la no necesidad de publicación de esta normativa.
"El requisito de publicidad", explica la Federación, "es en todo caso una exigencia que vincula única y exclusivamente al CSD. Hasta la fecha, la publicación no se consideraba exigible, tal y como reconoce de forma tácita el fallo judicial. Del contenido de la resolución se desprende lo exagerado, improcedente e impertinente de la reclamación de Francisco Fernández Sierra".
En el Campeonato de España de Caza Menor con Perro celebrado en noviembre de 2007 se descalificó al tetracampeón de España, Fernández Sierra, al que la Federación Española impuso una sanción de privación de los derechos federativos por cinco años. Esta decisión fue respaldada por el Comité Español de Disciplina Deportiva.
"Esta sentencia", añade la Federación, "en ningún caso tiene nada que ver ni afecta al procedimiento judicial que se sigue en otra sección del TSJ de Madrid por la descalificación al deportista. La decisión judicial no es aún firme, por ser susceptible de recurso".
El cazador fue descalificado y acusado de cometer un fraude por el juez que le acompañaba durante el Campeonato de España.
La Federación consideró como hechos probados que "el expedientado portaba durante la competición al menos dos perdices abatidas con anterioridad".
Este hecho quedó acreditado por la declaración del juez que acompañó al participante, Miguel Maté, según consta en el acta final del Campeonato, en el escrito remitido por el mismo juez y en la ratificación a su escrito y declaración posterior ante el instructor y el secretario. En todas ellas afirmó que Fernández Sierra portaba al menos dos perdices que no había cazado durante la prueba y que había ocultado en el interior de su chaleco.
También señaló que "el juez se dio cuenta de esta circunstancia cuando se encontraron con el participante Manuel González, momento en el que Fernández Sierra sacó del chaleco una perdiz para mostrarla, afirmando que se trataba de una perdiz de granja".
Al sacarla, el juez pudo apreciar que en el lado derecho del chaleco había otra que no tenía espolones, cuando las dos abatidas con anterioridad si los tenían.
El juez manifestó que una vez ocurrido el suceso se negó en todo momento a mostrarle el contenido del chaleco, a pesar de requerirle a ello en reiteradas ocasiones, en presencia del participante Manuel González y de su juez, Vicente Silvestre.
El participante Manuel González, en prueba practicada de oficio por el instructor, manifestó que vio en el chaleco de Fernández Sierra una perdiz y que al tirar de ella pudo comprobar que no tenía espolones, tras lo que le pidió que le enseñara el contenido del chaleco, a lo que se negó y salió corriendo.
En consecuencia, quedaba acreditado, según la Federación, que Fernández Sierra portaba al menos dos perdices que no había cazado durante la competición.
También quedó acreditado que el mismo día de concentración de participantes en el Hotel Vetonia, de Almendralejo, para el sorteo de jueces y dorsales, recorrió 300 kilómetros para adquirir en una granja de Guadalajara tres conejos vivos, hecho que no fue negado por Fernández Sierra, quién tampoco justificó su adquisición.
Por último, la resolución estimaba que, igualmente, había quedado demostrado la actitud agresiva hacía el juez, al que insultó y amenazó con la escopeta.
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