Bogotá.- Miembros del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) y la Iglesia católica coincidieron hoy en que es "un paso adelante" la autorización del presidente Álvaro Uribe a la congresista opositora Piedad Córdoba a participar en la liberación de secuestrados por las FARC.
La declaración de Uribe supone "un paso adelante", es un "avance" porque "abre de nuevo la posibilidad de debatir, dialogar y buscar una salida" para la liberación de todos los rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo a Efe Iván Cepeda, del grupo CCP, que está liderado por la senadora Córdoba.
En la misma línea se pronunció el periodista Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz y también miembro de CCP, quien comentó a la radio RCN que con la autorización de Uribe a Córdoba comienzan a "moverse esos inamovibles" que han impedido por ejemplo, la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo, anunciada por las FARC en abril pasado.
Las FARC anunciaron hace dos semanas que entregarán a otro militar que resultó herido en combate junto con Moncayo, que lleva secuestrado más de once años y medio y cuya liberación quedó en punto muerto a raíz de la negativa de Uribe a que Córdoba participara en ese proceso.
Uribe autorizó hoy a Piedad Córdoba a participar en la liberación de Moncayo y de otros rehenes de las FARC, pero con la condición de que sean entregados de manera "simultánea" 24 militares y policías y los cadáveres de tres uniformados que la guerrilla tiene en su poder.
En una declaración hecha en el aeropuerto militar de Catam antes de partir a Estados Unidos, Uribe señaló que Córdoba podría formar parte de la misión humanitaria junto con la Cruz Roja Internacional y la Iglesia católica, dos meses y medio después de que fuera desautorizada para formar parte de ella.
Sin embargo, el mandatario condicionó la participación de Córdoba a que sean liberados "todos los secuestrados en forma simultánea".
Esa condición impuesta por Uribe es, para Cepeda, "un paso atrás" porque está reñida con la propuesta de las FARC, que abogan por un "intercambio humanitario" de los policías y militares que tienen en su poder por rebeldes presos.
Esos policías y militares "canjeables" eran en un principio 22, pero las FARC han hablado en los últimos días de 23 y Uribe dijo hoy que son 24.
Cepeda subrayó que CCP va a mantener su intercambio epistolar con las FARC, a "analizar muy bien el nuevo contexto" surgido tras las declaraciones de Uribe y a seguir "desarrollando esfuerzos" para acercar posiciones entre el Gobierno y la guerrilla.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Rubén Salazar, comentó a medios locales que la decisión de Uribe sobre Córdoba "es un paso adelante muy positivo para lograr que poco a poco todos los secuestrados recuperen la libertad".
"Es un avance y hay que valorarlo", señaló el ex diputado y ex rehén de las FARC Sigifredo López, liberado en febrero pasado y entregado a una misión humanitaria liderada por Córdoba.
"Las palabras" de Uribe "nos acercan un poco más a la liberación de Moncayo (...) Estamos más cerca que lejos (...) Lo de Moncayo va a permitir un acuerdo para la liberación de los demás", reflexionó López en un diálogo con la radio RCN.
Mientras, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "espera que en el menor tiempo posible las partes puedan lograr un acuerdo" y "reitera su ofrecimiento a realizar el apoyo logístico necesario" para las liberaciones, indicó uno de sus portavoces.
La condición impuesta hoy por Uribe exige no solo la liberación de 24 policías y militares, sino también la entrega de los restos de tres muertos en cautiverio: el sargento del Ejército Jesús Alfonso Sol Rivera, el mayor de la Policía Julián Ernesto Guevara y el sargento de la Policía Luis Hernando Peña Bonilla.
La madre del mayor Guevara expresó hoy su alegría al conocer las declaraciones de Uribe y aseguró que continuará con su lucha hasta recuperar el cuerpo de su hijo.
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