Santa Cruz de Tenerife.- La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife reclamó hoy un plan integral de mejora de la competitividad de las pymes canarias y que se aclaren los cambios definitivos de la ley de Comercio, pues entiende que el 80 por ciento de las pequeñas y medianas empresas están asfixiadas.
Según un comunicado de la entidad cameral, los principales motores económicos y generadores de puestos de trabajo en Canarias, las pequeñas y medianas empresas, siguen caminando "por la cuerda floja" ante un consumo "cada vez más apático" y una inyección de crédito que continúa sin llegar a los negocios.
El "estrangulamiento" de liquidez que sufren las pequeñas y medianas empresas ha sido uno de los principales ejes de la última reunión de la Comisión de Pymes de la Cámara de Comercio, un encuentro en el que se puso de manifiesto "la escasa eficacia" de las medidas aprobadas por el Gobierno central en este ámbito.
Según el presidente de la Comisión y vicepresidente de la Cámara, Luis de Miguel Bartolomé, la provisión de 150 millones de euros de crédito para las pymes aprobada por el Ejecutivo estatal no está llegando a las empresas porque las condiciones de acceso son excesivamente restrictivas y en la práctica "no está siendo de utilidad".
"Esto está reduciendo aún más la capacidad de maniobra de unos negocios que han experimentado una espectacular caída de las ventas y de los que dependen la mayoría de los puestos de trabajo que todavía han podido sobrevivir a las dentelladas de la crisis", afirma.
Recuerda que las pymes son el principal generador de puestos de trabajo en las Islas, ya que representan más del 90 por ciento del tejido empresarial del Archipiélago, por lo que es necesario que se adopten medidas "urgentes y eficaces que desatasquen el crédito y mejoren su posicionamiento en un mercado cada vez más complejo".
Sobre este punto, la Comisión abordó la necesidad de poner en marcha medidas que reduzcan la presión fiscal que sufren las pymes en el Impuesto de Sociedades como en determinadas tasas e impuestos locales.
Además, en la reunión se acordó pedir al Gobierno de Canarias "que despeje totalmente las dudas" en torno al proyecto de Ley de Comercio y aclare si ha suprimido la regulación en materia de horarios.
Según el comunicado, de esta manera el Gobierno regional pretendía "por simple decreto" aumentar los horarios y la fijación del número de domingos y festivos exentos cuando quisiera, "como así se comprometió el director general de Comercio, Arturo Cabrera, en su reunión con la Cámara".
Por ello la Comisión de Pymes planteó la creación de una disposición transitoria en la Ley que cubra el período entre su aprobación y la de los distintos planes territoriales, en la que se prime el criterio territorial y medioambiental a la hora de autorizar nuevos establecimientos comerciales.
De esta manera puede existir la seguridad jurídica suficiente para que no se paralicen las inversiones y la actividad económica, además de establecer un ratio o porcentaje máximo para la construcción de grandes superficies comerciales por municipio, indica Luis de Miguel Bartolomé.
Además la Comisión ha planteado la necesidad de desarrollar un Plan Integral de Mejora de Competitividad de las Pymes que debería incluir medidas específicas para favorecer la tecnificación, especialización y formación en las pymes, así como la constitución de zonas comerciales autónomas capaces de funcionar como un consorcio o sociedad mixta.
A su juicio, para mejorar la competitividad de los negocios, las pymes necesitan una infraestructura que las hagan accesibles a los consumidores.
Al respecto la Comisión señaló la necesidad impulsar la creación de aparcamientos en los grandes espacios comerciales abiertos de los distintos núcleos municipales de la provincia, así como la de simplificar la compleja estructura administrativa que dificulta la gestión cotidiana a las empresas.
Entre las medidas para mejorar la posición de las pymes canarias en el mercado, la Comisión también trató la importancia de poner en marcha planes de cooperación empresarial en materia de adquisición de productos y servicios que permitan la habilitación de centrales de compra y alianzas empresariales.
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