La Laguna (Tenerife).- El director general de Comercio del Gobierno canario, Arturo Cabrera, asegura que la directiva de liberalización de servicios de la Unión Europea (UE), conocida como Bolkestein, y que entrará en vigor en un año, no será un cheque en blanco para instalar grandes superficies.
En una entrevista a Efe, Cabrera dijo que de lo que se pretendía en un principio a lo que se ha aprobado hay mucha diferencia, al contemplarse una serie de excepcionalidades que definen las autorizaciones siempre y cuando se defienda el interés general.
La definición de las excepcionalidades y en especial el establecimiento de grandes superficies y centros comerciales cerrados estarán determinados por un plan territorial específico de equipamiento comercial, por lo que Comercio ha encargado a Gesplan siete planes y "se prevé que el avance de los mismos estará listo para mediados de 2009".
Es precisamente esta planificación territorial, explica, "la que definirá dónde se pueden instalar grandes superficies y dónde centros comerciales cerrados, así como su número".
"Esto no quiere decir que la normativa sea un cheque en blanco para la instalación de grandes superficies", argumenta el director general de Comercio, pero definirá con antelación suficiente dónde se podrá instalar un centro comercial mayor de 9.000 metros cuadrados y cuántos se pueden instalar.
En concreto, en La Laguna, Arturo Cabrera asegura que "ya no cabe ningún centro comercial más", si bien es cierto que "en Montaña Pacho hay una licencia de Eroski, que sigue subjudice por un proceso judicial abierto entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna a causa de un plan territorial".
Respecto al centro comercial Alcampo, sobre el que pesa una sentencia del TSJC que declara ilegal la ampliación de la galería comercial al carecer de licencia, Cabrera señaló que "el hipermercado, por un lado, y un centro comercial, por otro, la nueva ley definirá si el territorio lo permite, si se puede ampliar o no, previo informe positivo del Cabildo".
La Directiva se fundamenta en criterios territoriales y medioambientales, de ahí el cambio normativo que realiza el Gobierno Canarias sobre la Ley de Comercio de 2005 que actualmente está en periodo de alegaciones.
No obstante, las condiciones especiales de Canarias determinan que se van a mantener tres tipos de excepcionalidades fundamentadas por el territorio: el hecho archipielágico e insular, fragmentación del territorio y protección de más de un 50 por ciento del suelo.
Se mantienen tres tipos de autorizaciones sin licencia: para grandes superficies a partir de 2.500 metros cuadrados; los centros comerciales cerrados que según la futura ley serán los que tengan más de 9.000 metros cuadrados sólo de superficie comercial ; y los grandes establecimientos discontinuos, o grandes cadenas de distribución.
Sin embargo, argumenta el director general de Comercio, precisarán de licencia comercial los establecimientos que superen la superficie de hasta 15.000 metros cuadrados en Tenerife y Gran Canaria; 10.00 metros cuadrados en Lanzarote y Fuerteventura; 5.000 en La Palma y 1.000 metros cuadrados en La Gomera y El Hierro.
Cabrera aclara que podrán crecer sin autorización los establecimientos menores de 2.500 metros, pero a partir de ese número determinado de metros estarán sometidos a autorización para fomentar la competencia al ser los que consumen más territorio.
Además, será el plan territorial específico de equipamiento comercial para cada una de las islas el que definirá el tipo y dimensiones de negocio a implantar.
Sin embargo, la Confederación de Federaciones de Comerciantes (Confeco) se revela con la idea de que las grandes superficies campen a sus anchas en las islas.
De hecho, ha confeccionado un documento alternativo a la nueva Ley de Comercio en el que se expone la necesidad de limitar la concesión arbitraria de licencia para proteger más a las pymes.
Y también que los centros comerciales que superen los 6.000 metros cuadrados necesiten de la autorización comercial y no los de 9.000 metros cuadrados, como suscribe el anteproyecto.
Confeco espera que la dirección general de Comercio entienda que la Directiva de la UE no es una imposición que obliga a la modificación, sino que "permite sólo una revisión", por lo que se opone a la implantación masiva de establecimientos de descuento duro o permanente, entre otras medidas.
La simplificación administrativa es otra de las "bondades" de la Directiva que defiende el director general de Comercio, ya que a partir de ahora y gracias a una ley "paraguas" aprobada por el Ministerio, explica, "las resoluciones tendrán que ser resueltas en el plazo de un mes y si no serán positivas".
Otro concepto fundamental es que "la tramitación de una licencia tendrá que ser resuelta en seis meses y si no el silencio es positivo", añade Cabrera, e incluso "los informes por parte del Cabildo y Ayuntamiento tendrán el plazo de un mes y si no el silencio es positivo".
Además, la documentación se presentará en la ventanilla única virtual o presencial en la dirección general de Comercio, y desde allí comenzarán los trámites con las demás administraciones.
La Directiva Bolkestein también afecta a las resoluciones de trámites entre los ciudadanos y la administración, que se agilizan y simplifican.
Cabrera reincide en señalar que la Ley de Comercio está en periodo de alegaciones, por lo que todos los agentes sociales tienen la posibilidad de mejorarla.
Respecto al informe elaborado por la Universidad de La Laguna que demuestra que no es necesario modificar la ley de Comercio por la entrada en vigor de la Directiva Bolkestein, Cabrera no está de acuerdo.
A su juicio, no se puede utilizar la población para definir el área de influencia, y de manera restrictiva, argumenta, "no defiende el interés general al utilizarse un criterio económico, es decir, tantos metros ocupados igual a tanto consumo".
"Al pequeño le parece mucho y al grande le parece poco, con lo cual estamos en el camino correcto", señala Cabrera en relación a las evaluaciones realizadas sobre la futura Ley de Comercio, y ahora de lo que "se trata es de buscar el equilibrio para que sea el consumidor quien elija".
Sin embargo, se queja de la falta de diálogo con el presidente de Fedeco, Luis de Miguel, respecto a las alegaciones realizadas a la ley de Comercio por la patronal al "no considerarme el interlocutor adecuado, por lo que han declinado la reunión a la que se les convocó".
Reivindica además la política efectuada por el Gobierno canario desde 2003 hacia el pequeño y mediano comercio, y en especial alude al Decreto de 2005 que "tuvo el apoyo de todos los sectores comerciales a excepción de grandes superficies".
Además, indica, "es la única comunidad en todo el país que tiene tres modalidades: grandes superficies, centros comerciales y centros de distribución, siendo este último punto el que hace especial hincapié en el territorio".
Quiere dejar claro que desde 2002 a 2008 se han invertido 42 millones de euros en todas las islas en zonas comerciales abiertas en 34 municipios canarios, una inversión que tendrá continuidad hasta 2015.
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