Barcelona.- La Ley de Educación de Cataluña (LEC) ha sido aprobada hoy en el pleno del Parlament con una amplia mayoría, al ser apoyada con los votos de CiU, PSC y ERC, aunque los tres grupos menores de la cámara -PPC, ICV-EUiA y Mixto- la han rechazado total o parcialmente por motivos distintos.
El conseller de Educación, Ernest Maragall, que ha dicho que salía a la tribuna a defender el contenido de la LEC "con emoción y responsabilidad", ha asegurado que se trata de una ley "de país" que "le da sentido al Estatut y es su prolongación natural".
Según la diputada de CiU Irene Rigau, la educación "necesita de actitudes responsables y constructivas", y ha hecho hincapié en que por primera vez una ley educativa "es apoyada por el principal grupo de la oposición", lo que espera que "sirva de precedente".
El diputado de ERC Josep Maria Freixanet ha elogiado que la LEC "supere el enfrentamiento histórico entre las dos redes escolares sostenidas con fondos públicos" y, sobre el capítulo lingüístico, ha dicho que "había que dar las garantías jurídicas" al catalán.
La portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha lamentado "la oportunidad perdida" al aprobar la ley sin el apoyo de su grupo, a pesar de ser uno de los que sustentan al actual gobierno catalán lo que ha comportado que el tripartito no haya votado conjuntamente.
Los diputados Rafael López, del PPC, y Antonio Robles, del grupo mixto, han rechazado la LEC por no contar con el suficiente apoyo social y por los aspectos lingüísticos.
La nueva Ley de Educación tiene como finalidad regular el sistema educativo de Cataluña para lo cual establece los principios rectores, y desarrolla las competencias exclusivas y compartidas que en materia de enseñanza otorga el Estatut a la Generalitat.
El texto detalla las enseñanzas obligatorias, que declara gratuitas, y la oferta del "servicio de educación de Cataluña" en los centros públicos y concertados, que tiene que garantizar una educación de calidad y en condiciones de igualdad.
Entre los aspectos más destacados, figura el que define el catalán como lengua vehicular, y "blinda" la inmersión lingüística, además de dejar sin efecto el decreto estatal que preveía la "tercera hora" de castellano.
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