Washington.- El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, afirmó hoy en Washington que espera que EE.UU. tome en cuenta los avances en la protección de sindicalistas, entre éstos la ratificación de la Ley 599, para la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
Uribe, que hoy inició una gira de trabajo de dos días en Washington, dijo a los periodistas que en sus reuniones de esta mañana con funcionarios de alto rango del Gobierno de EE.UU. planteó la reciente ratificación de la Ley 599, y la preocupante caída en las exportaciones de Colombia a este país.
Estos dos asuntos "los hemos destacado esta mañana con mucha preocupación para que las autoridades de EE.UU. los tomen en cuenta en sus raciocinios a ver cómo se puede avanzar en la ratificación del tratado", aseguró Uribe.
Pocas horas antes de su primer encuentro en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama, Uribe manifestó que en sus reuniones destacó la "lucha inmensa" de su Gobierno contra las drogas, el debilitamiento "de la guerrilla narcotraficante" y el desmantelamiento del paramilitarismo.
Como parte de su jornada, Uribe se reunió esta mañana con el representante comercial y el secretario de Comercio de EE.UU., Ron Kirk, y Gary Locke, respectivamente, con quienes resaltó el problema de desempleo en las ciudades colombianas que dependen de las exportaciones de productos manufactureros.
Pese al trato preferencial que reciben las exportaciones de Colombia bajo la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA), ciudades como Medellín, Pereira e Ibagué tienen tasas de desempleo del 18 por ciento, aunque el promedio nacional es del 12,1 por ciento, según Uribe.
La meta, indicó el mandatario, es fomentar la creación de empleos para mitigar el problema conjunto de "desempleo e inseguridad".
Uribe señaló: "no estamos creando empleo al ritmo que lo necesita la población colombiana".
Por ello, agregó, la aprobación del TLC, suscrito por ambos países en noviembre de 2006, es clave para "avanzar hacia la consolidación de la seguridad".
Uribe remachó el alcance de la Ley 599, que figura en su caja de herramientas para combatir la impunidad mediante un posible incremento en las penas carcelarias para quienes cometen delitos contra grupos protegidos por su Gobierno, como los dirigentes sindicalistas y políticos, así como defensores de los derechos humanos.
Según Uribe, la opinión pública colombiana apenas comienza a conocer los detalles de la mencionada ley y en Washington, los dirigentes políticos no la conocen.
Así, la Ley 599, según observadores, es una respuesta de Colombia a los persistentes reclamos del Gobierno de Washington y de los líderes del Congreso de que ese país no ha demostrado suficientes logros sobre el terreno en materia laboral y de derechos humanos.
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