Sale adelante la Ley de Servicios Sociales con dudas sobre su financiación

Zaragoza.-  Zaragoza, 25 (EFE).- El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Servicios Sociales de Aragón, que define los servicios como un derecho subjetivo de la ciudadanía, con las dudas de la oposición sobre su financiación y las críticas a las privatizaciones que contempla.

El Parlamento autonómico ha dado luz verde al dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales, que se ha reunido en nueve ocasiones para analizar las 176 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios y la enmienda a la totalidad del PP, después de rechazar las 65 alegaciones vivas que quedaban.

Del total de alegaciones presentadas se han transaccionado 69 con la que hoy ha incorporado el diputado de IU, Adolfo Barrena, por la que el acceso a las prestaciones esenciales del sistema público se configura como un derecho subjetivo reclamable ante los tribunales.

La Ley solo ha sido respaldada en su totalidad por los partidos que sustentan el Gobierno PSOE-PAR, mientras que el PP ha apoyado la transacción de IU, ha votado en contra de todos los artículos en los que ha presentado enmiendas y se ha abstenido en el resto.

CHA e IU han votado en contra de los artículos sobre previsiones económicas y aquellos que hacen referencia a las privatizaciones, y en el resto se han abstenido o han votado a favor.

Se trata de una Ley "a la vanguardia" de las que hay en España, que va a marcar "un antes y un después", que reconoce derechos, organiza y consolida el sistema público de los servicios sociales y que tiene un importante desarrollo reglamentario, según ha reconocido la consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, a los medios de comunicación al término del debate.

Esta ley, que sustituye a la de 1987, se adecúa a la nueva realidad social y territorial de Aragón, ha destacado la diputada socialista María Ángeles Ortíz, quien, frente a las críticas de la oposición, ha asegurado que sí contiene una memoria económica y un catálogo de servicios que se desarrollará en un año.

En ese periodo de un año se deberá elaborar también el plan estratégico, el mapa de servicios sociales y la carta de los derechos y deberes de sus usuarios.

Rosa Plantagenet, del PP, ha reconocido que la labor de la Comisión de Asuntos Sociales ha permitido mejorar una ley que "era una chapuza", a pesar de lo que la ha calificado de "vacía, etérea, sin nada dentro" y como "una declaración de principios y buenas voluntades".

Plantagenet ha criticado la memoria económica porque "sólo habla de engordar el aparato burocrático" y ha advertido que con esta ley "crecerán las desigualdades, no responde a ninguna característica" y adolece de un mapa de servicios y de un plan estratégico.

Para la diputada del PAR María Herrero se trata de un buen texto con garantías de éxito y permanencia, que reconoce como derecho universal el acceso de los aragoneses a los servicios sociales y que regula y clarifica la política administrativa relativa a esta materia.

A juicio del diputado de CHA Chesús Bernal, se trata de una ley que llega con diez años de retraso y que se debería haber aprobado antes de la llegada de la crisis económica.

Ha reconocido que el texto "ha mejorado bastante" pero cree que no se ajusta a las características geográficas y poblacionales del territorio, que no incorpora suficientes centros municipales de servicios, que apuesta por las entidades privadas con ánimo de lucro y una excesiva duración de los conciertos, 25 años, y en la que los aspectos económicos van a ser "el nudo gordiano".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha destacado este proyecto de Ley pero ha advertido que su formación no renuncia a luchar contra su "afán" privatizador y a que las externalizaciones se rijan por criterios de calidad de los servicios y de las condiciones laborales.