La Paz.- El Senado boliviano anunció hoy que iniciará una investigación a la nacionalización de la transportadora de hidrocarburos Transredes por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara Alta, Jorge Aguilera, señaló que se convocará a declarar a autoridades y a ejecutivos de la compañía para que expliquen cómo se estableció el monto que se pagaría a la anglo-holandesa Shell y a la británica Ashmore por sus acciones en Transredes.
El parlamentario, que milita en la principal alianza opositora, Poder Democrático y Social (Podemos, derecha), sostuvo que los responsables del proceso de nacionalización también tendrán que explicar por qué se decidió que el Estado asuma las deudas de las petroleras en la empresa.
"Ayer hemos iniciado el proceso de recopilación de la información. Vamos a continuar en los próximos días, vamos a conversar con expertos y ex autoridades del sector a objeto de conocer su opinión acerca del proceso llamado de nacionalización", sostuvo Aguilera.
La comisión investigadora tomará las declaraciones en audiencias públicas que se desarrollarán a partir del 6 de julio próximo.
Figuran entre los convocados el actual presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas; el ministro de hidrocarburos, Óscar Coca, y el ex titular de Transredes, Gildo Angulo, destituido el pasado miércoles 17 tras haber criticado el proceso de nacionalización de la transportadora.
La semana pasada, Villegas informó que YPFB asumió una deuda por 50 millones de dólares que la Shell y Ashmore tenían con el fisco boliviano para frenar el arbitraje iniciado por ambas petroleras contra el Gobierno.
Medios locales revelaron que, además de esa deuda, el Estado asumió otros pasivos que la nacionalizada tenía con acreedores, por 286 millones de dólares.
El 1 de mayo de 2008, el Gobierno de Evo Morales emitió un decreto para nacionalizar el 50 por ciento de acciones que Shell y Ashmore tenían en Transredes, a través del consorcio TR Holding.
Como no se llegó a un acuerdo, en junio el Ejecutivo emitió un segundo decreto para expropiar la transportadora de hidrocarburos y las petroleras respondieron con un arbitraje.
Finalmente, el Estado y las empresas llegaron a un acuerdo por el que el Gobierno indemnizó a cada compañía con 120 millones de dólares.
El proceso de nacionalización de los hidrocarburos, que comenzó en 2006, ha sido cuestionado por ex autoridades y analistas bolivianos.
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