La Paz.- El Gobierno de Bolivia anunció hoy que prepara reformas a la Ley de Hidrocarburos vigente en el país desde 2005 para compatibilizarla con la Constitución Política del Estado (CPE) promulgada en febrero pasado.
El ministro boliviano de Hidrocarburos, Óscar Coca, dijo a los medios que su oficina trabaja "fuertemente" para elaborar la nueva política energética nacional.
"Estamos prontos a realizar la nueva Ley de Hidrocarburos, de forma que la que se tiene desde el 2005 tiene que ser compatibilizada con la Constitución actual", señaló.
El Gobierno de Evo Morales, quien se postula a la reelección en los comicios generales de diciembre próximo, esperará a que se instale una nueva gestión en el Legislativo para plantear las modificaciones a la norma, con la finalidad de lograr "mejoras sustantivas en beneficio del Estado".
Los nuevos legisladores serán elegidos en los comicios de diciembre para conformar la Asamblea Legislativa Plurinacional, que será el nombre del futuro Parlamento.
La actual ley fue aprobada hace cuatro años después de que en 2003 se produjera una crisis social que obligó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) a presentar su dimisión en su segundo gobierno por la gravedad de una ola de protestas sociales contra un proyecto de exportación de gas.
Organizaciones sindicales y de izquierda se opusieron entonces a la iniciativa y exigieron la "nacionalización de los hidrocarburos" con una oleada de disturbios antigubernamentales, que derivó en una represión militar en la que murieron más de 60 personas.
La reforma petrolera establecida en la ley de 2005 dio lugar a una renegociación de los contratos firmados con las petroleras que operan en el país y creó un nuevo impuesto del 32 por ciento en beneficio del Estado boliviano.
El proceso fue complementado un año después con un decreto emitido por el Gobierno de Morales que estableció la nacionalización de acciones en cinco petroleras privatizadas parcialmente.
El Ejecutivo boliviano ha criticado la actual Ley de Hidrocarburos argumentando que es un freno a la "refundación" de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), si bien el propio oficialismo participó en 2005 en la elaboración de la norma.
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