Buenos Aires.- Un juez argentino anuló hoy la decisión de un colega de conceder el arresto domiciliario al ex general Luciano Benjamín Menéndez, condenado a prisión perpetua por delitos cometidos durante la última dictadura.
El magistrado federal de la provincia de La Rioja (noroeste) Daniel Herrera Piedrabuena envió un exhorto a la justicia de la vecina Córdoba (centro) para que ratifique la detención del ex militar en la prisión cordobesa de Bouwer, donde actualmente se encuentra.
Menéndez, de 82 años, afronta una docena de procesos en distintas provincias argentinas por delitos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Herrera Piedrabuena, quien lleva adelante tres causas contra Menéndez por crímenes cometidos en La Rioja, frenó con su exhorto un fallo dictado el martes por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, de la provincia de San Juan (oeste), que otorgaba al ex general el beneficio de prisión domiciliaria.
El ex militar gozaba de arresto domiciliario cuando el año pasado comenzó en la provincia de Córdoba el juicio oral y público en su contra por el secuestro, tortura y asesinato en 1977 de los militantes políticos Humberto Brandalisis, Ilda Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo.
Durante el proceso, el tribunal que lo juzgó dispuso que se alojara en una dependencia militar y cuando lo condenó, a finales de julio pasado, ordenó su envío a una cárcel común.
En agosto de 2008, Menéndez recibió otra condena a prisión perpetua, en este caso en la provincia de Tucumán (noroeste), por el secuestro, las torturas y desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse.
En abril pasado, la Cámara Nacional de Casación, el máximo tribunal penal de Argentina, concedió el arresto domiciliario a Menéndez hasta que quede firme la condena a prisión perpetua que recibió en 2008 en Córdoba, pero esa medida no se hizo efectiva.
La resolución obedeció, además, a que las leyes argentinas permiten conceder este beneficio a los mayores de 70 años.
Unas 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la última dictadura, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
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